El precio de la traición

Asistimos a la demolición controlada del Estado de derecho por parte de un Gobierno entregado a la amnesia moral. Qué lacerante vergüenza produce contemplar a un poder ejecutivo que pisotea sus propios juramentos constitucionales con el único fin de retener las poltronas. Gobernar no es mercadear con la soberanía nacional; gobernar exige hacer justicia, cumplir las leyes y respetar rigurosamente la palabra dada ante la Corona y el pueblo.

El cinismo de este gabinete ha alcanzado su cénit en el lenguaje. Se abusa del manoseado «ciudadanos y ciudadanas» con una insistencia casi patológica, como si pronunciar la palabra «españoles» produjera una urticaria demente. No es lenguaje inclusivo; es el calculado desprecio hacia la identidad de una nación milenaria a la que prefieren diluir en la retórica antes que defender en los hechos.

Hacer ingeniería lingüística no oculta la realidad de la traición a España y a los españoles. Han convertido la ley en un traje a la medida de los infractores y la justicia en un estorbo para sus ambiciones autócratas. Los españoles no somos peones de la supervivencia de nadie. Si queda un mínimo destello de la dignidad robada a las instituciones, cumplan la ley que juraron proteger o márchense. Su deuda con la historia ya es impagable.