La lista y la memoria

Hay documentos que conviene leer dos veces: una por lo que dicen y otra por lo que revelan. En 2024, el Ministerio del Interior elaboró un dosier de 54 páginas sobre 281 periodistas y colaboradores, acompañado de fotografías y valoraciones acerca de su orientación ideológica y su actitud ante el gobierno. Se lo define como «documento de trabajo». La asepsia del lenguaje administrativo, sin embargo, no disipa la cuestión esencial: ¿para qué necesita un Estado democrático clasificar a quienes tienen, precisamente, la función de fiscalizarlo?

La historia aconseja no incurrir en analogías fáciles, pero también impone el deber de conservar la memoria. En la Italia de Mussolini, las leyes fascistísimas de 1925 y 1926 fueron desmantelando las garantías del Estado liberal. En la Alemania nazi, la prensa quedó sometida al poder y quienes se resistieron a obedecer pagaron un precio terrible. Entre muchos otros, periodistas como Carl von Ossietzky fueron encarcelados, y figuras como Fritz Gerlich, feroz crítico de Hitler, acabaron asesinados. La Gleichschaltung, aquella «coordinación» forzosa de la vida pública, terminó por convertir la pluralidad en obediencia.

España no es aquello. España es una democracia constitucional. Y precisamente por eso el asunto merece toda la gravedad que le corresponde: ¿quién ordenó ese dosier, con qué criterios, con qué finalidad y quién tuvo acceso a él? La Agencia Española de Protección de Datos debe esclarecerlo hasta el último extremo.

La libertad de prensa no es una concesión graciosa del poder, sino uno de los límites que el poder acepta precisamente para seguir siendo democrático.

Porque una democracia no se define únicamente por aquello que proclama no ser. Se define, sobre todo, por aquello que se niega a normalizar. Y hay hábitos que, cuando el poder comienza a adquirirlos, conviene detenerlos antes de que dejen de parecer excepcionales.