En nombre de la libertad

Hay noticias que uno desearía no tener que leer nunca en una democracia. La información sobre la existencia de un documento elaborado en el Ministerio del Interior en el que aparecen periodistas identificados con fotografías y comentarios sobre su orientación o posición política es, si los hechos publicados son ciertos, una cuestión de enorme gravedad que merece explicaciones inmediatas.

No estamos hablando de una relación de medios de comunicación ni de una agenda profesional. Según se ha publicado, aparecen anotaciones como «apoya al Gobierno», «alineado con posiciones de derechas», «reconocido antisanchista», «crítico con la amnistía», «en contra de los independentismos» o referencias a que determinado periodista es más o menos combativo. ¿Para qué necesita un Ministerio del Interior clasificar a periodistas por sus ideas o por sus posiciones políticas?

Porque hoy hablamos de periodistas. Pero mañana cualquier ciudadano podría preguntarse si también puede ser observado, clasificado o etiquetado por expresar públicamente una opinión incómoda para el poder. La libertad de expresión no consiste únicamente en poder elogiar al Gobierno. Consiste, sobre todo, en poder criticarlo sin temor a ser señalado por hacerlo.

En una democracia no debería existir una clasificación de ciudadanos según sean favorables, críticos, conservadores, progresistas, independentistas o contrarios al independentismo. Las ideas pueden discutirse, combatirse políticamente e incluso rechazarse con absoluta firmeza. Lo que no debería hacerse es convertirlas en una ficha personal elaborada desde las estructuras del Estado.

Por eso considero que este asunto exige algo más que declaraciones de preocupación. Exige transparencia y explicaciones. Y, si se demostrara que esas fichas fueron utilizadas para discriminar, perseguir o condicionar la actividad profesional de quienes aparecen en ellas, deberían depurarse las responsabilidades correspondientes.

Y precisamente por la gravedad de lo sucedido, considero que Fernando Grande-Marlaska debería asumir la responsabilidad política que corresponde a quien está al frente del Ministerio del Interior. Si no puede ofrecer una explicación convincente sobre la elaboración de un documento de estas características, el presidente del Gobierno debería proceder a su cese.

En nombre de la libertad, de la democracia y del derecho a pensar diferente, tenemos la obligación de exigir una explicación. Y también, si procede, responsabilidades. Me viene a la memoria el poema de Martin Niemöller… Primero vinieron a por... y como ya no quedaba nadie, vinieron a por ti...