El buen gobierno es posible

Basta ojear los titulares de la prensa diaria para sospechar que el aforismo de Lord Acton (1834-1902) es consustancial a la condición humana: «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

La corrupción política (cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, etc.) implica el uso indebido del poder público en beneficio de intereses privados, particulares o compartidos, afectando la confianza institucional, la economía y la equidad social. Además, en la corrupción organizada la responsabilidad se diluye en una compleja confabulación de políticos, intermediarios, empresarios, beneficiarios, etc., siendo difícil aquilatar el grado de responsabilidad de cada uno de los eslabones de esa cadena de corrupción.

Se afirma que «la corrupción política es un asunto de ética social». Pero, no nos engañemos, la bondad y malicia del comportamiento social se fundamenta y deriva de la conducta moral individual; es decir, los valores que un individuo adquiere y ejercita se proyectan a la comunidad, conformando las bases de la convivencia social. La política no puede considerarse como una especie de terra nullius (tierra de nadie) en la que se puedan dar comportamientos que, en las relaciones interpersonales, se calificarían de antiéticos: la mentira, el fraude, la calumnia, el soborno, la corrupción.

Si se da por buena la máxima de Lord Acton es porque se considera prácticamente inevitable que el gobernante se aproveche de la potestad que tiene, y la use en su particular favor. Pero, el «buen gobierno» es posible siempre y cuando responda a un conjunto de reglas basadas en valores morales y éticos objetivos. Existe evidencia científica que corrobora que la relación entre el poder y la corrupción no es tan inevitable como cabría pensar; y que más que sea el poder quien corrompe el quehacer político, es la actitud moral a priori con la que se accede al poder lo que fomenta las actividades corruptas: una concepción del poder como medio para alcanzar objetivos personales promueve prácticas corruptas, mientras que una concepción del poder como medio para alcanzar objetivos colectivos reduce significativamente este fenómeno.