A propósito de Ceuta

He leído estos días varios artículos que cuestionan la actuación de la Iglesia Católica ante la invasión sufrida por Ceuta –y, por extensión, por España–: los de Antonio Casado (El Confidencial, 7-sep-26), el sacerdote Arturo Portabales (El Debate, 7-sep-26) y, sobre todo, el de Irene González (Vozpópuli, 10-sep-26). Frente a ellos quisiera recordar a Concepción Arenal, jurista gallega, pionera del feminismo, liberal y católica convencida, cuyo pensamiento sobre el delincuente, la víctima y la ley sigue siendo más útil que el buenismo que nos rodea.

En El visitador del preso y en La beneficencia, la filantropía y la caridad se resumen tres ideas.

Primera: la compasión hacia el delincuente es moral, no jurídica. La ley aprobada en el Parlamento y sancionada por el Rey debe cumplirse. Si es mala, cámbiese; quien tiene la potestad de reformarla que tenga el valor de hacerlo. Lo que no cabe es tolerar que se incumpla.

Segunda: el delincuente debe ser tratado con humanidad, pero también castigado. Lo verdaderamente humanitario es devolverlo a su país, no mantenerlo hacinado como ganado. Ninguno de quienes han entrado llega desnutrido ni perseguido políticamente, y tenemos como país el derecho y el deber de protegernos.

Tercera: el castigo existe para proteger al inocente. El primer deber del gobierno es con los españoles, que lo sostienen con sus impuestos y cumplen las leyes esperando que sus dirigentes hagan lo mismo: «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

Ahí es donde la Iglesia no aparece: ni una palabra caritativa al agredido, ni un gesto de apoyo. «La justicia protege al débil», escribió Arenal, y el débil, en este caso, es el ciudadano ceutí. «La caridad no excusa el daño». ¿Dónde están los pastores cuando los lobos atacan al rebaño?

Como católico y como ciudadano, resumo su doctrina en los tres puntos que nuestra jerarquía eclesiástica debería asumir: justicia para el inocente, castigo proporcional para el culpable y humanidad para todos.