Sánchez recluyó a toda España ilegalmente y no ha rendido cuentas
Es inaceptable que no se pidan cuentas al Gobierno de un drama que acabó con miles de vidas, arruinó al país y profanó derechos fundamentales
Se cumple en estas fechas el tercer aniversario del estado de alarma decretado por Pedro Sánchez para, en teoría, frenar la expansión de un temible virus que previamente había minusvalorado con evidente temeridad.
Porque hay que recordar que, apenas una semana antes de recluir en sus casas a todos los españoles y cerrar buena parte de la actividad económica y empresarial, el mismo Gobierno animó a participar en el 8-M, consintió todos los eventos de multitudes para no suspender las manifestaciones feministas y desoyó, con infinita negligencia, las reiteradas alertas internacionales que anunciaban un drama explosivo.
De todo ello ha dado cuenta El Debate en una extensa investigación, demostrativa de hasta qué punto la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, al servicio de Pedro Sánchez y de su agenda ideológica, contribuyó a detonar una auténtica bomba vírica, con un resultado espeluznante.
Sólo en Madrid, como demostró este periódico, la mortalidad se disparó un 71 por ciento por encima de lo habitual en la semana siguiente a aquel 8-M de 2020, una cifra terrible que explica la renuencia oficial, vigente aún hoy en día, a ofrecer a la opinión pública una estadística global de la letalidad de la pandemia en España.
A la inaceptable desidia sanitaria, coronada luego con una galopante incompetencia en la adquisición de material sanitario durante semanas, se le añade además el carácter inconstitucional de las medidas adoptadas a continuación, más sustentadas en el temor a aumentar los contagios ya desatados que a prevenirlos.
Sánchez no cerró toda España para frenar la pandemia, sino para evitar que multiplicara todavía más los efectos derivados del retraso en su actuación. Pero además lo hizo en contra de la Constitución, por dos veces, tal y como sentenciaron después sendas resoluciones del Tribunal Constitucional.
A todo ello cabe añadirle el formidable perjuicio económico sufrido por España, que sigue pagando la factura, resumido en el peor hundimiento del producto interior bruto de Europa y la recuperación más lenta de todo el continente.
El cuadro conjunto resultante es desolador. Pero también es sorprendente la falta de consecuencias: en Italia acaba de citarse como imputados a su antiguo primer ministro y a su ministro de Sanidad, por comportamientos igual de sospechosos en lo sanitario que el de Sánchez y su equipo pero bastante menos lesivos en materia de libertades fundamentales.
Aquí, pese a las evidencias de que Sánchez gestionó mal, mintió a la ciudadanía en asuntos cruciales como el inexistente Comité de Expertos y además profanó derechos constitucionales; no ha pasado nada y todo ello puede quedar impune.
Que este Gobierno se permita dar lecciones sanitarias a Gobiernos autonómicos como los de Madrid o Andalucía, con ese siniestro historial, cierra el círculo de indecencias y lanza una última pregunta al aire.
¿Se va a poder enjuiciar algún día, con la precisión y honestidad que requieren los hechos, todos los errores, irregularidades y abusos perpetrados por un Gobierno y un presidente que tienen, además, la poca prudencia de presentarse ahora como ejemplo de solvencia y dignidad?
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