Las viudas abandonadas de María Jesús Montero

Desde hace años, estoy trabajando, estudiando y denunciando esta situación: la negativa a la pensión de viudedad de las mujeres españolas atrapadas en un limbo legal. En este contexto, mi implicación ha sido directa y constante. He llevado esta cuestión al centro del debate público, tanto en medios de comunicación como en el ámbito institucional, participando en reuniones con el Congreso, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y el Pacto de Toledo, formulando propuestas normativas concretas de solución al problema y trasladándolas a los principales partidos políticos, sin obtener en muchos casos respuesta. En otros, la respuesta ha sido la inacción o actuaciones que evidencian una falta de compromiso real con este problema.

He defendido una solución clara: que prevalezca la realidad acreditada de la convivencia –de forma fehaciente– y la cotización de años a la Seguridad Social sobre el formalismo administrativo, proponiendo en este ámbito la admisión de cualquier medio de prueba válido en Derecho. Resulta jurídicamente incoherente y discriminatorio que el ordenamiento permita determinados cambios registrales, como es el cambio de sexo, sin exigencia probatoria de algún tipo, mientras que en esta realidad se desprecian pruebas como el libro de familia, el empadronamiento, las hipotecas compartidas, los certificados de convivencia, las actas de notoriedad, la existencia de hijos en común y los períodos de cotización de más de 20 años de uno de los miembros de la pareja.

La reforma de la Ley General de la Seguridad Social de 2022 no solo no solucionó el problema, sino que consolidó un auténtico limbo legal, al ignorar el daño causado por la diversidad normativa autonómica y la realidad material de estas uniones. Esta situación ha dejado fuera a cientos de viudas españolas. Frente a ello, el Gobierno ha impulsado la regularización de uniones contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, como es el reconocimiento de pensiones de viudedad en casos de poligamia a mujeres (situación ilegal en España) que viven en Marruecos, Senegal o Mauritania, de personas que no han cotizado a la Seguridad Social ni tienen vinculación con España. Y esto no solo es una irregularidad, sino una quiebra de nuestro ordenamiento legal.

La propuesta que he planteado al Gobierno y a los partidos políticos es jurídica, viable y razonable: reconocer el derecho a la pensión de viudedad a quienes acrediten (1) convivencia estable, pública y análoga a la conyugal, documentada, y (2) el cumplimiento de los requisitos de cotización por parte del causante, admitiendo cualquier medio de prueba válido en Derecho y prescindiendo, en estos casos, de la inscripción registral como requisito excluyente. Esta medida resulta imprescindible para las mujeres atrapadas en este limbo legal.

El problema es estructural: la ausencia de una ley estatal que unifique el régimen de las parejas de hecho ha generado una fragmentación normativa autonómica que produce desigualdad territorial y vulnera el principio de igualdad ante la ley. Esta situación ha sido reiteradamente ignorada por el legislador. He publicado distintos trabajos enfocados a esta problemática y planteando una solución, entre ellos: «El derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho: urgencia de una ley nacional y el papel de la IA en su aplicación», publicado en la revista Claves Jurídicas.

Aquí emerge una responsabilidad política directa. Durante años, el Gobierno y los principales partidos han ignorado esta realidad, dejando abandonadas a cientos de mujeres. Negando y bloqueando iniciativas institucionales, como mi comparecencia en el Senado para explicar este contexto. Durante más de cinco años, esta reclamación ha pasado por comisiones parlamentarias, el Pacto de Toledo y distintos ministerios sin resolución efectiva. Solo ha habido bloqueos y silencios que demuestran que a los políticos no les importan en absoluto las necesidades de los ciudadanos.

Finalmente, la decisión ha recaído en el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por María Jesús Montero, que bloqueó de facto la solución al escudarse en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, evidenciando que esta discriminación y vulneración de derechos es una decisión política del Gobierno socialista. Por ello, lo afirmo con claridad: María Jesús Montero, hoy candidata en Andalucía, representa una política que ha abandonado a estas mujeres.

Estas mujeres, vulnerables en gran parte de los casos, con escasos recursos y de edad avanzada, han exigido justicia. Y esa justicia, a día de hoy, sigue siendo negada. Y quien ha contribuido a ello pretende ahora presidir Andalucía, habiendo discriminado no solo territorialmente a esta tierra en favor de los nacionalistas catalanes, sino también a las viudas españolas.

Las viudas de parejas de hecho españolas no han pedido privilegios, sino soluciones a una situación que en muchos casos no es responsabilidad suya, sino del caos normativo autonómico de nuestro país. Por un requisito administrativo, no se puede vulnerar un derecho social fundamental.