ETA sí necesita una comisión de la verdad

El mes pasado se hizo público el acuerdo del Consejo de la Memoria Democrática por el que se nombra al exmagistrado Baltasar Garzón presidente de la «Comisión de la verdad». Este órgano tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 57 de la ley 20/2022 de Memoria Democrática, «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática». El Real Decreto 265/2025 ha desarrollado la ley, estableciendo en su artículo 8 las competencias de esta comisión y su composición, así como el plazo de 18 meses para entregar al Gobierno su informe de conclusiones y recomendaciones para reparar las vulneraciones de derechos humanos mencionadas en la citada ley.

Resulta evidente que desde el año 2004, con la llegada de Zapatero a la presidencia del Gobierno, para el PSOE ha sido mucho más urgente indagar en los horrores de una guerra civil superada y en los excesos de una dictadura finalizada hace cincuenta años, que atender otras vulneraciones de derechos mucho más recientes. La pretensión de la ley de Memoria Histórica primero y la de Memoria Democrática después, parecen más encaminadas a la obtención de réditos electorales –aun a costa de reabrir heridas cerradas– que al resarcimiento del daño causado. La razón es clara, la mayoría de los afectados, por no decir casi todos, están ya muertos, por tanto, la pretensión no es hacer justicia. Si el Gobierno y el PSOE quieren de verdad hacer justicia con respecto a la vulneración de derechos y hacerla a tiempo de reparar el daño causado, les sugiero crear una Comisión de la Verdad sobre ETA.

La creación de esta Comisión es oportuna por varias razones que detallo a continuación. La primera, porque la Justicia no ha esclarecido 379 de los 856 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. La segunda porque, lejos de reescribir la historia de lo ocurrido en España hace noventa años, serviría para contar la verdad de algo que ha sucedido hace apenas diez –el último atentado mortal de ETA tuvo lugar el 16 de marzo de 2010 y la banda se disolvió el 3 de mayo de 2018–. En tercer lugar, porque merecemos conocer con detalle la negociación política llevada a cabo con ETA por José Luis Rodríguez Zapatero y su traición al Estado de derecho, devolviendo a la legalidad en 2011 al brazo político de ETA expulsado de las instituciones en 2003. En cuarto lugar, porque tenemos derecho a conocer los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu para lograr el apoyo a su investidura en junio de 2018. En quinto lugar, porque deben investigarse los continuos e ilegales beneficios penitenciarios otorgados por el Gobierno Vasco a los presos de la banda. En sexto lugar porque hay que identificar a los cómplices políticos de la banda y a los partidos que, optando por el silencio o la disculpa, se beneficiaron de su actividad criminal. En séptimo lugar, porque todavía quedan muchos familiares de víctimas del terrorismo que tienen derecho a la Verdad y a la Justicia y en último lugar, y no menos importante, porque de constituirse esa Comisión, podría proponer al Gobierno la restitución del derecho a voto en el País Vasco de los casi 200.000 vascos expulsados de su tierra por la violencia terrorista.

Puede haber otras razones para sustentar la necesidad de crear esta Comisión, pero he señalado las que a mi juicio son las más importantes. El PSOE, que tiene pecado, obviamente no planteará una iniciativa así, pero quizá el PP o Vox consideren razonable proponer la creación de esta Comisión de la Verdad sobre ETA en las Cortes Generales, muchos lo agradeceríamos.