Los españoles firmaron la paz hace 50 años

En las próximas semanas se cumplen 50 años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política que permitió la instauración de un régimen democrático en España por un procedimiento pacífico. Un hecho insólito en nuestra historia que pasará desapercibido en la zarabanda de la campaña electoral. Y es justamente por ese motivo por el que creo que es esencial recordarlo ahora.

En 1976 todo había cambiado en España menos el sistema político. En los últimos 15 años la economía había crecido una media anual del 6,7 %, se creó una amplia clase media que nunca habíamos tenido, la clase trabajadora comenzó a mejorar su nivel de vida, el analfabetismo se redujo al 7 % y el 43 % de los universitarios eran mujeres. Los españoles no querían volver a lo peor de nuestro pasado, cuando en un siglo tuvimos cuatro guerras civiles, siete constituciones y 137 gobiernos. En 1976 ya estaban reconciliados y miraban hacia atrás sin ira.

Ese sentimiento llegó hasta los niveles más insospechados del régimen. Cuenta Nicolás Franco, sobrino del general, que un día, en el Pazo de Meirás, trató de convencer a su tío, ya muy anciano, de que había que hacer algunas reformas políticas que la nueva realidad social exigía. Franco le cortó en seco: «No me cuentes nada –le dijo–, eso os toca hacerlo a vosotros».

A su muerte ocurrió lo que nadie pensó que pudiera suceder. Con el impulso y el apoyo de la Corona, un grupo reducido de políticos del régimen anterior decidió «elevar a la categoría política de normal lo que es simplemente normal a nivel de calle». Y eso que hoy nos parece algo obvio, entonces parecía imposible. Porque nadie podía imaginar que fueran algunos franquistas quienes desmontaran el sistema, y en solo once meses y medio trajeran la democracia con todos los partidos legalizados y elecciones libres.

En octubre de 1976 Adolfo Suárez presentó en las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política, redactado por Torcuato Fernández-Miranda. Su objetivo era convertir España en una democracia utilizando las leyes del franquismo, yendo «de la ley a la ley». Utilizó esta estrategia legalista con el fin de impedir que tuvieran una coartada legal para justificar un golpe quienes desde dentro del régimen estaban en contra de ese proceso y tenían poder y fuerza para anularlo.

Pocas semanas después, el 18 de noviembre, las Cortes franquistas aprobaron la ley con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Y para que ese cambio radical y pacífico tuviera mayor legitimidad y se ajustara a las leyes del régimen anterior, el 15 de diciembre los españoles la ratificaron en referéndum con una participación del 77,6 % y el 97,36 % de los votos favorables. Ese día los españoles firmaron la paz en un país que ya estaba reconciliado.

El Gobierno de Adolfo Suárez era consciente de que pocos en España, y muy pocos en el extranjero, creían que fuera una consulta libre y democrática. Habló con los dirigentes de los partidos de la oposición, todavía ilegales, y les transmitió que aquello iba en serio, aunque le escucharon con dudas y reservas.

Lo mismo hizo con la opinión pública europea. Se contrató en París a la empresa de comunicación Actis International Consultants. Con un presupuesto de 80 millones de pesetas, Actis trajo a España a más de doscientos periodistas europeos, instalados en el hotel Meliá Castilla, a los que se les facilitaron entrevistas con los dirigentes políticos y sociales que ellos pidieron, sin distinción de ideologías, y se les facilitó el traslado a los colegios electorales del lugar de España que libremente eligieron, para que pudieran comprobar que el referéndum se celebraba con limpieza.

El resultado fue más de mil recortes de prensa internacional y decenas de grabaciones de radio y televisión, todos ellos sin la menor objeción a la limpieza democrática del referéndum. Los partidos de la oposición, todavía ilegales y reticentes, pidieron la abstención, pero no el voto en contra. El Socialista, entonces clandestino, publicó un editorial favorable a la ley, cuyo autor, hemos sabido ahora, fue un entonces desconocido Alfonso Guerra.

Transcurridos 50 años, los dirigentes de la nueva izquierda que lidera el PSOE tratan de deslegitimar lo que entonces se hizo. Sostienen que la Transición fue un pasteleo entre minorías y no una ruptura pacífica en toda regla. Pero solo es una estrategia para ocultar los fracasos de su acción de gobierno, como el incremento de la desigualdad o el desastre de la vivienda.

Tratan de levantar muros para dividirnos y recuperar viejos enfrentamientos desprestigiando la reconciliación y la concordia entre los que piensan de modo diferente. Pretenden deslegitimar el pasado para ocultar su fracaso en el presente.

El aniversario de lo que conocemos como la Transición coincide con la celebración de unas elecciones generales, de cuyo resultado depende en muy buena medida la continuidad del sistema que entonces se puso en marcha.

Los españoles, y muy especialmente las nuevas generaciones, deben saber que hace 50 años se construyeron puentes, mientras ahora se levantan muros y se cavan zanjas. Y el resultado ha sido casi medio siglo de libertad y progreso como nunca hemos tenido en nuestra historia.

Que no les engañen, porque si no espabilan y no defienden el sistema con su voto, lo que se firmó entonces habría sido una tregua, no la paz.