Plutolandia

Clásico asunto el de la plutocracia. Más viejo que Solón, cuyas leyes fueron las primeras en abordarlo. No ha habido momento histórico en que este fenómeno no haya aflorado, en mayor o menor medida. Ese «gobierno de los pocos» que arriman el ascua a su sardina fue hasta considerado una genuina corrupción política por Platón o Aristóteles. Aunque hubiera cobrado notable esplendor en el Medievo y por la expansión ultramarina europea, sería con el capitalismo postrevolucionario industrial cuando la influencia del dinero sobre el poder alcanzaría cotas desconocidas, que tal vez podrían estar reverdeciendo en la actualidad.

Los Fúcares, Médicis o Belsares de hace centurias reviven hoy en algunos populares nombres propios con capacidades económicas astronómicas, acaso equivalentes a las de los potentados que financiaron en su día a los monarcas en sus aventuras colonizadoras. Sus recursos superan ahora con creces a los productos interiores brutos de no pocos Estados. Los dueños de unos célebres almacenes norteamericanos, por ejemplo, cuentan con fondos que rebasan el presupuesto noruego, argentino o portugués. Se comprenderá que algo así no tiene por qué ser necesariamente malo si se cree en las libertades económicas, antes al contrario, pero el análisis cambia cuando se repara en la amenaza que esos inconmensurables capitales pueden suponer para el mantenimiento de la necesaria objetividad y neutralidad que ha de perseguir cualquier régimen político y jurídico, tanto a la hora de regular los mercados como de contemplar en sus estrategias intereses más allá de lo crematístico.

Incluso desde la perspectiva del pensamiento económico más tradicional se nos lleva siglos informando acerca de la exigencia de atar bien corto a los operadores mercantiles, a través de un marco institucional sólido que fije criterios que garanticen la libre competencia y la seguridad jurídica. Ni que decir tiene que la tendencia a influir en normativas que afecten a esos imprescindibles engranajes resulta más probable en actores que gozan de enorme robustez financiera, y no quiero ni contarles si ese factor coincide con épocas de vulnerabilidad de los propios poderes públicos.

Para evitar esta indeseable porosidad plutocrática, solo suelen funcionar dos tipos de antídotos. O confiar en la autorregulación empresarial en materia de integridad o reforzar la independencia institucional y de funcionamiento en quienes tienen reservado el determinante papel ejecutivo, legislativo o judicial.

A mayor fortalecimiento de los titulares de esos poderes, más control logra alcanzarse frente a este peligro oligárquico, que no solo erosiona a los Estados de derecho sino a los propios mercados, como se ha adelantado. Y, si en ese desempeño se otorga un rol decisivo a unos funcionarios sometidos a rigurosos sistemas concebidos para impedir indecencias, miel sobre hojuelas.

En la actual «plutolandia» universal se ha llegado a configurar un supraordenamiento capaz de desplazar al derecho de las naciones soberanas en materia de inversiones. En su virtud, quienes participan en tales mercados cuentan hoy con sus propias normas y mecanismos arbitrales, sin necesidad de someterse a leyes internas ni de comparecer ante jueces nacionales. Y, sobre este escenario, ni mu dicen las organizaciones que aglutinan a los países en las distintas regiones.

Existen más modalidades de esta plutocracia contemporánea. Van desde la financiación directa o disimulada de campañas políticas, al lobby corporativo, pasando por el dominio mediático o la lisa y llana presión sobre las iniciativas normativas, las decisiones de los ejecutivos o los fallos judiciales. No es de extrañar, en estos casos, el profundo malestar ciudadano cuando prácticas así salen a la luz o se ven venir, al socavar de forma tosca los cimientos de cualquier democracia.

En su visita a España antes de recibir el Nobel de Economía, Milton Friedman disertó en una prestigiosa escuela de negocios sobre el papel del empresario. Preguntado por su responsabilidad social, respondió que las empresas solo tenían como objetivo ganar lo máximo para sus dueños, siendo estos libres de destinar luego esos beneficios al fin que consideraran más oportuno. Algo parecido cabría decir de las tentaciones de inmiscuirse en cuestiones políticas o jurídicas ajenas a los propios negocios: zapatero a tus zapatos. Aunque poderoso caballero sea don Dinero, nunca cabe otorgarle la consideración de todopoderoso, como a veces sucede en el contexto nacional e internacional.

Embridarlo constituye, pues, un reto considerable. Y muy necesario.