¿Podría España estar pagando a traidores?
Nunca está de más hacer memoria para no olvidar el pasado. De ello depende que entendamos el presente, tan necesario para encauzar el futuro
En breve se cumplirán 48 años de los dos últimos actos de sedición habidos dentro del Ejército español. Durante los días 9 y 11 de mayo de 1975 los saharauis que formaban parte de las patrullas «Pedro» y «Domingo», integradas dentro de la Agrupación de Tropas Nómadas, se sublevaron contra sus compañeros de armas. Cada patrulla estaba formada por 26 y 27 saharauis respectivamente y 8 europeos (así se llamaba al personal no nativo del Sáhara, para diferenciarlo del resto de los saharauis, pues todos eran españoles) Los amotinados mataron al soldado Ángel Moral, hirieron levemente al sargento Daniel Fuentes y de gravedad al soldado Antonio Bauza. Una vez prisioneros, descalzos, con las manos atadas y con los ojos vendados, fueron llevados a Argelia donde permanecieron retenidos, en pésimas condiciones y sometidos a maltrato físico y psicológico, durante aproximadamente cuatro meses.
La actuación del Gobierno español, por mediación del ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri y las negociaciones con los dirigentes del Frente Polisario, hicieron posible que el 9 de septiembre de ese mismo año, estos militares fueran liberados. Todos volvieron a sus quehaceres diarios sin percibir ningún tipo de compensación por los sufrimientos pasados. La actuación de los rebeldes se elevó a causa criminal, dándose la orden de búsqueda y captura contra ellos.
Desde que empezó mi andadura en la investigación de estos acontecimientos, me planteé la posibilidad de que estos saharauis, por haber pertenecido al Ejército español, pudieran estar percibiendo una pensión. En un principio deseché esta idea por parecerme un tanto descabellada. Planteaba una hipótesis de trabajo fuera de toda lógica y coherencia. A mí y a otros militares consultados, que habían estado destinados en el territorio durante esos años, se nos hacía imposible creer que personas que estaban o habían estado en búsqueda y captura por hechos tan graves, pudieran estar cobrando cualquier tipo de compensación económica por parte del Estado español.
Poco tiempo después, tuve la oportunidad de entrevistarme con uno de los interventores que había ejercido como pagador de estos antiguos militares saharauis del Ejército español. Al preguntarle si los componentes de las patrullas sublevadas cobraban algún tipo de pensión, me contestó afirmativamente. Para afianzar esta información, tuve la necesidad de entrevistar a alguna de las personas implicadas en los hechos que pudieran estar percibiendo esa paga. Mi último viaje a Tinduf logró este objetivo. Pude conversar con uno de los cabos de la patrulla "Domingo” que, siguiendo las órdenes recibidas de la dirección del Frente Polisario, se encargó de preparar y coordinar el acto de sedición. A la pregunta de si percibía algún tipo de retribución por haber pertenecido al Ejército español, contestó que sí, puntualmente todos los meses.
La concesión de la Gracia de Amnistía, otorgada por Real Decreto de Ley 10/1976, de 30 de julio, y la Ley 46/1977, de 15 de octubre, otorgaba el indulto, entre otros, a los delitos de rebelión y sedición. Quedaban exentos aquellos que fueran considerados terroristas con delitos de sangre.
El Frente POLISARIO no fue considerado movimiento terrorista y muchos de sus miembros, que habían formado parte del Ejército español, solicitaron sus pensiones a ese Estado «fascista y explotador» contra el que habían estado luchando. El Gobierno atendió a sus demandas, con efecto retroactivo, y sin miramientos hacia las víctimas de sus atropellos.
A partir del año 2002 comenzaron las incoherencias. El 25 de febrero se le concedía al soldado José Luis Maceiras la Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. La petición de Maceiras, herido gravemente en diciembre de 1974 durante unos enfrentamientos contra el Frente Polisario en Gor Le Freinina, cerca de Tifariti, fue atendida con éxito.
Al año siguiente al sargento de la patrulla «Pedro», José Sobrino, se le notificaba que su solicitud como víctima del terrorismo había sido aprobada. Este hecho abrió el camino para que los demás componentes de las patrullas solicitaran el mismo reconocimiento. Lo consiguieron en 2004, percibiendo además de la Encomienda, una indemnización de unos 29.000 euros.
La contradicción estaba servida. El reconocimiento como víctimas del terrorismo a los integrantes de las patrullas, prisioneros bajo la dirección del Frente Polisario hacía evidente que este movimiento pudiera ser una banda terrorista. Era razonable que se produjera el cese del pago a los que cometieron el acto de sedición. Nunca se produjo. Siguieron cobrando.
- Gemma Esteban Dorronzoro es profesora de Historia. Doctoranda UCM
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