Una dirección del Estado extorsionada

Cuando, no contando con el número de diputados suficiente para alcanzar la mayoría en el Congreso, Pedro Sánchez aceptó la investidura de presidente del Gobierno el 16 de noviembre de 2023, tras un pacto de coalición con Sumar y el apoyo externo de seis partidos regionales entre los que estaban el exterrorista Bildu y los separatistas y republicanos ERC y Junts, el ufano presidente entregó la gobernación del Estado democrático de derecho al chantaje y la extorsión de los enemigos de la nación española. Mi reino por presidir el Gobierno.

La realidad acontecida con posterioridad ha venido a confirmar los peores temores sobre el alto precio que el Gobierno tendría que pagar por mantenerse en La Moncloa. Y así ha sido. A finales de 2023 comenzó una disparatada Legislatura, mucho más que las dos anteriores de Sánchez, también marcadas estas por profundos dislates político-jurídicos como el inconstitucional encierro de los españoles con el pretexto de la pandemia vírica y la siembra de una discordia civil por la remoción de los restos mortales del que fue jefe del Estado durante casi cuarenta años, época que la mayoría de los españoles daba por superada. De nuevo, por segunda vez desde Zapatero, la Historia ha sido utilizada por la izquierda como munición contra una buena parte de los españoles que no comulgan con tales ideas. Otra vez un Gobierno se aleja de lo que fue un compromiso en la Transición: encomendar la Historia a los historiadores y no resucitar viejas rencillas que el Gran Pacto de 1978 quiso enterrar para siempre.

Empero a Sánchez le ha podido la sed de poder, el ansia de figurar, el narcisismo de colmar sus apetencias personales y el proyectar sus complejos psicológicos sobre la población española, de manera que esta es hoy su rehén hasta nuevas elecciones, sin más esperanza que el límite del plazo constitucional de cuatro años, todo ello, también hay que subrayarlo, con el respaldo y entusiasmo interesado de un partido mudo, acrítico y borreguil, aplaudidor sin rubor: el PSOE, cuyas iniciales han dejado de tener el significado de la refundación de Suresnes (1974), donde se cambió la orientación política e ideológica del partido en la víspera de la Transición democrática en España.

Sánchez ganó la actual presidencia del Gobierno con pactos infames, desde el punto de vista ético, y anticonstitucionales, que no meramente inconstitucionales, desde el tratamiento jurídico de su contenido. Fueron acuerdos que, con el membrete del PSOE, por una parte, y de ERC y Junts, por otra, firmaron, en noviembre de 2023, Bolaños y el hoy encarcelado Santos Cerdán, con Junqueras y Turull, respectivamente. En esos pactos se acuerdan cesiones, traspasos, reconocimiento de conflictos políticos, condonaciones y libramientos de cantidades presupuestarias que superan el marco constitucional y/o estatutario. Todo ello a cambio de los votos para alcanzar Sánchez la investidura, no la Legislatura. Pero lo más grave, polémico y transgresivo es la exigencia impuesta a los poderes públicos del Estado de aprobar, en democracia, ¡una Ley de Amnistía!, basada en la loable, pero falsa, finalidad de la «normalización institucional, política y social en Cataluña». En verdad se trata del precio puesto por los golpistas catalanes y el prófugo de Waterloo (2017) para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, quien en contra de una abrumadora mayoría de ciudadanos, instituciones y juristas, españoles y no españoles, ha aprobado y publicado la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio. Naturalmente, la norma ha sido impugnada inútilmente ante nuestro TC, que en vergonzosa sentencia (137/2025, de 26 de junio) la ha amparado, esperándose ahora la decisión del TJUE.

La firma, pues, de los anteriores e inicuos pactos (con Bildu son secretos, no escritos) conducen a una permanente extorsión de las formaciones políticas separatistas sobre el Gobierno de la nación. Desconozco el caso en que el presidente de un Gobierno democrático –en el caso de que lo sea– dependa de partidos enemigos de la Constitución, contrarios al sistema político de una Monarquía parlamentaria, quieran destruir el Estado y la nación, y ello a cambio de un puñado de votos para mantenerse al frente de un Gobierno de coalición integrado –otra anomalía– por individuos de ideología comunista o de izquierda radical populista.

Es tan aberrante la situación política del Gobierno de Pedro Sánchez que su continuidad depende, a estas horas, y con ella la estabilidad política de España, de lo que decida un golpista prófugo de la Justicia española reunido en territorio extranjero con su camarilla de rupturistas de la unidad de España. De eso, y de ellos, depende nuestro señor presidente y la suerte de los españoles. ¿Conoce alguien a un político que se halla sometido a semejante chantaje?

José Torné-Dombidau y Jiménez es presidente del Foro para la Concordia Civil