Mi representante está en la cárcel

Pocos dudan ya de que en España padecemos los desvaríos de un gobierno aberrante. Un gobierno que, como el diccionario define ese calificativo, «se desvía o aparta de lo normal o usual», entendiendo por normal o usual las reglas y principios de la democracia y el respeto a la Constitución.

En efecto, el régimen político abruptamente instaurado en 2018 «para acabar con una insoportable corrupción» (José Luis Ábalos dixit), ha devenido en una praxis gubernamental que tiene que ver más con una oligarquía caciquil que con un gobierno democrático. En conclusión, y por desgracia, el sanchismo ha creado una democracia ficticia, una creación personal, alejada de los usos y el espíritu de la democracia liberal y representativa. Incluso su partido no es el mismo, y, como su secretario general, ha seducido con mensajes falaces y, por tanto, demagógicos, a una masa de ciudadanos a los que ha transfundido una especie de mesianismo en contra de la alternancia democrática: o yo o el caos.

Que estamos, pues, ante una dirección anormal en la gobernación del Estado que por el camino provoca el debilitamiento de derechos y garantías de los ciudadanos, lo demuestra el hecho tan monstruoso como que uno de nuestros diputados, votado por el pueblo, haya ingresado en prisión acusada presuntamente de nefandos delitos. Tenemos que saber que un diputado es un representante del pueblo por cuyo mandato se explica la inmunidad parlamentaria aparejada. Esta no es un privilegio para beneficiar al elegido en unos comicios en clara desigualdad con el pueblo llano, sino un legítimo valladar frente a eventuales y espurios obstáculos que pudieran entorpecer su alta función. Y digo alta porque, según el artículo 66 CE, los miembros de las Cortes Generales «ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos [cuando el Gobierno los presenta] y controlan la acción del Gobierno» [que el de Sánchez no se deja].

Pues bien, he aquí que los miembros de las cámaras, Congreso y Senado, diputados y senadores, respectivamente, representan in toto al pueblo español. Es decir, que el diputado o senador elegido cuando toma posesión de su escaño, y se dispone a ejercer sus funciones, no lo debe hacer para defender los intereses de su partido o asociación de origen, sino en defensa y representación de los intereses del pueblo español. Así lo afirma el artículo 67.2ºCE: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo», precepto permanentemente conculcado por los partidos políticos y que debiera ser cumplido tal como lo exhibe el texto constitucional vigente.

El ingreso en prisión provisional del señor Ábalos no conlleva, en principio, la pérdida de la condición de diputado nacional. Sigue siéndolo, y, por tanto, continúa siendo nuestro representante político, sólo que privado de libertad. Con este motivo, procede recordar aquel aforismo que tan piadosamente popularizó Concepción Arenal: «Odia el delito y compadece al delincuente», adagio igualmente aplicable al caso del señor Ábalos.

Empero la cuestión de fondo a la que quiero llegar es el disparate que en sí constituyen los gobiernos presididos por Pedro Sánchez. Ya apuntó anormalidad constitucional (y moral) su acceso al Gobierno de España: con una moción no constructiva; con los apoyos de lo peor y más disparatado de la política española; faltando a sus compromisos previamente afirmados; difuminando la división de poderes; colonizando las instituciones y órganos más esenciales en democracia; tergiversando reglas propias del Estado de Derecho, incluso no escritas; y perdonando delitos, responsabilidades penales y contables y pactando una autoamnistía (aunque así no le parezca al señor Dean Spielmann) para beneficiar al recalcitrante prófugo y separatista.

¿Quién teme a la verdad? Ahora se abre paso. Los escándalos sanchistas ya están trascendiendo al ámbito judicial. Querellas, procesos, autos de ingreso en prisión preventiva, sentencias… están arrojando luz sobre oscuras etapas de los inicios y protagonistas del sanchismo. Se habla de una banda (Albert Rivera bien retrató el cuadro) en la cúpula del Gobierno de España. Incluso dispone de nombre: la ‘banda del Peugeot’. Los españoles nunca habíamos llegado a utilizar estos términos para hacer una crítica política a nuestros gobernantes. Empero la realidad nos sobrepasa.

Sánchez aparece, incluso ante los ojos más indulgentes y mejor intencionados, como el insólito caso del único gobernante del mundo democrático occidental que, estando rodeado de corrupción (política, económica [p. ej., encarga la dirección de empresas públicas a sus amiguetes, beneficiados con la 'bufanda' de sustanciosas remuneraciones], moral), resiste sin dimitir ni convocar elecciones.

Por eso, retomando la afirmación que figura como título de esta tribuna, estamos en presencia de una gobernanza insólita y aberrante, tanto, como la idea que expresa su título: mi representante está en la cárcel. Es anormal, ¿verdad?