Venezuela-Estados Unidos. Hay derecho. No hay derecho

La neta diferencia entre la injerencia humanitaria y agresión. Por agresión entendemos el uso estatal de la fuerza armada contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado, en las condiciones fijadas por la Carta de las Naciones Unidas. Impide el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, mientras con frecuencia quiebra a quienes busquen ejercerlos.

Tres ejemplos simples.

Desde 2014 Putin ejemplifica el concepto de agresión bélica, primero sobre Crimea y Sebastopol, junto al Mar Negro; y a partir de 2022 mediante invasiones sucesivas y referéndums ilegales para ligar por tierra ambos territorios a Rusia. Todo hace de Ucrania un país ocupado.

Por otro lado, el mundo comunista chino con su partido único impuesto sin elecciones libres intensifica su amenaza militar sobre la soberanía de Taiwán mediante portaviones ‘076’ y masivas maniobras de combate.

En tercer lugar, los ayatolás de Irán buscan amordazar a su amplia y culta clase media, ahora sumida en un baño de sangre, mientras protegen a los apoderados del régimen, Hamás, Hizbolá y los insurrectos de Ansar Allá –insertos en la lista de organizaciones terroristas del Consejo de la Unión Europea–, para interferir en la independencia del Líbano, Palestina y Yemen.

El concepto alternativo, la injerencia y la intervención humanitaria, surge nítido –y debatido– en la conciencia jurídico-internacional contemporánea.

Se fundamenta en el deber de actuación coercitiva de un Estado para ejercer en otro la «responsabilidad de proteger» –asistir, liberar, defender– poblaciones cuyos derechos y libertades se encuentren masivamente conculcados. En efecto, sistemas autoritario-populistas y totalitarios con sus epígonos hacen uso fraudulento de la noción de soberanía nacional, como pantalla para defraudar la dignidad intrínseca y los derechos de sus ciudadanos, iguales, inalienables y compartidos por toda la familia humana.

Ahora bien, sabe el lector que la capacidad de coerción de la Justicia internacional depende del previo sometimiento de los estados a los tribunales competentes, siempre voluntario. Además, el poder de veto de cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad bloquea con relativa frecuencia su capacidad de decisión.

El Derecho Internacional carece, pues, de poder de coerción, pero es Derecho. Si la agresión conculca los derechos humanos, la injerencia humanitaria busca restaurarlos. Así, resulta justo e incluso obligado emprender iniciativas concretas para desarmar, desalojar y juzgar al opresor.

España desde hace muchos siglos, al menos desde Vitoria con la Escuela de Salamanca –ajenos, por cierto, a cualquier bakunismo constatable– valora esa autodefensa como derecho inalienable de individuos y sociedades contra un Ejecutivo tiranizante. Fuente Ovejuna, en Lope.

Baste recordar las presidenciales de Venezuela el 28 de julio de 2024. La ofensiva antidemócrata oficial dio por vencedor al entonces presidente Maduro, mientras que las copias auténticas del 81,7 % de las actas de la votación, presentadas por la líder democrática de la oposición, Sra. Machado, y por el candidato a la Presidencia, Sr. González Urrutia, daban a estos un insoslayable 67 % del voto, frente al 30% obtenido por el entonces jefe del Estado y su entorno, quienes siempre se han negado a mostrar las actas originales. Por tanto, la Unión Europea constata sin ambages que los resultados oficiales de aquellos comicios «no pueden reconocerse». El caso se agravaría si aquel presidente de la República con sus equipos fueran responsables de delitos de lesa humanidad.

En suma, ante los desmanes del líder venezolano y su mujer, contra los que razonablemente no parece haber otro recurso real, son legítimos y legales su extracción y justo juicio.

Igualmente se entienden otras dos facetas de esa injerencia: el mantenimiento del mundo chavista y la gestión estadounidense del petróleo venezolano.

Sin duda, una vez descabezado el chavismo, los Estados Unidos han recibido críticas por no pasar inmediatamente el poder a los verdaderos ganadores de las elecciones.

Doble razón, desde mi punto de vista: la conveniencia de garantizar cierta tranquilidad ordenada en el país, que permita la completa liberación de los presos políticos, la total seguridad de suministros y servicios; y la importancia de mantener frenada esa columna vertebral del pasado que fueron los militares comprados. Frente a una posible guerra civil se articula una transición controlada con Delcy Rodríguez y los suyos al frente. Tiempo –vigilado desde la democracia– al tiempo.

Por su parte, la gestión estadounidense del petróleo venezolano presenta a mi juicio tres objetivos: resucitar la producción desde los 600.000 barriles diarios actuales a la media lógica de 3,5/4 millones que aseguren el bienestar social venezolano, lo que requiere esas empresas expertas que sólo invertirán en Venezuela si cuentan con mínimas garantías de seguridad física y financiera. Es la misma certeza demandada por toda aquella economía, incluida la riquísima ganadería nacional, desfalleciente. Segundo: elevación del nivel económico-educativo de la población, sometida por impericia culpable a una inflación del 555 %. Tercero: reinversión de esas riquezas en el país, no en regímenes totalitarios como Cuba, China, Irán o Nicaragua.

Antítesis abrupta y paralela

Dicho esto, no hay noción jurídica alguna que legitime arrancar Groenlandia a Europa o acudir a la llamada «Doctrina Monroe» –¡y cuando estamos firmando Mercosur!–. Conocemos el valor estratégico que anhelaría justificar una y otra, pero el ser europeo viene estructurado por el binomio libertad-justicia desde la Grecia clásica iluminada por el cristianismo. Nunca amnistiaremos nada en ambos puntos, que, además, devastarían innumerables certezas pro-occidentales. Una pedrada aislada destroza un cristal gótico, irreparable. Rota la confianza, roto Occidente.