¿Aborto en la Constitución?

El Gobierno de la nación ha presentado un proyecto de reforma constitucional cuyo objeto es incluir en el texto de la Ley Fundamental el aborto como un nuevo derecho. El análisis detenido de la iniciativa nos lleva a una conclusión que se resume en tres palabras: distracción, fraude de ley y frivolidad.

Distracción porque, teniendo en cuenta la literalidad del artículo 167 de la Constitución, la reforma proyectada requiere una mayoría de tres quintas partes de cada una de las dos cámaras. Y los números no salen. El Partido Popular y Vox ya han anunciado que no secundarán esta modificación y la suma de ambos supera ampliamente los dos quintos en el Congreso, además de alcanzar la mayoría absoluta en el Senado. Salvo un improbable cambio de postura, la reforma está abocada al fracaso. ¿Por qué, entonces, se insiste en ella? La explicación más evidente es que la maquinaria propagandística de Moncloa necesita una cortina de humo -otra más- para ocultar los asuntos que realmente preocupan a los españoles y el Gobierno no quiere o no puede solucionar: corrupción política, gravísima fractura social entre bloques de «buenos» –los que me apoyan- y «malos» -derecha y ultraderecha–, estado lamentable de infraestructuras eléctricas, ferroviarias, hidrológicas y de carreteras, inestabilidad institucional, colonización ideológica de las altas instancias del Estado, ataques a la independencia judicial y a la división de poderes, carencia de Presupuestos Generales desde hace años, peligro para la unidad nacional por insolidaridad financiera y transferencias competenciales estatales en sectores estratégicos, inflación galopante con encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda, invierno demográfico que hace inviable el sostenimiento de pensiones futuras, etc.

Fraude de ley en la Norma Fundamental porque el aborto se encuentra intrínsecamente limitado por la tutela de la vida del concebido como bien constitucional (Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional, FJ 7). Pretender abordarlo como un apéndice del artículo 43 de la Lex legum es relegarlo a una mera prestación sanitaria que, además de no añadir nada a su vigente régimen jurídico, lo configura como un principio rector de la política social y económica. Resulta diáfano que lo que se pretende con ello es eludir el procedimiento agravado de reforma previsto en el artículo 168 de la Carta Magna para los derechos fundamentales, ya que el mismo requiere la disolución obligatoria de las Cortes y nuevas elecciones. No cabe duda de que nos encontramos ante un fraude de la Constitución en toda regla, pues se trata de un atajo jurídico, propio de leguleyos, que pretende burlar la norma constitucional que regula su reforma. Así lo ha reconocido un borrador presentado al Consejo de Estado y posteriormente retirado, tras su rechazo por la mayoría presuntamente progresista –¿es progreso desproteger al más débil en un Estado social o en una civilización avanzada?– de dicho órgano, así como los votos particulares formulados al dictamen final.

Frivolidad porque abortar a un ser humano durante su concepción no es un derecho, es una dramática tragedia en la que todos pierden: el concebido cuya vida se destruye, la madre que ve arrancado el fruto de sus entrañas, el padre cuya voluntad no se tiene en cuenta, el Estado que abdica de su objetivo de tutelar a los más desvalidos (artículos 9.2, 39 y 49 de la Constitución española) y una sociedad que se queda sin futuro ni esperanza. Aunque, pensándolo bien, sí hay alguien que gana: los que se lucran millonariamente con este negocio.

España tiene asuntos pendientes mucho más importantes en su agenda para el futuro. Por favor, no nos distraigan fraudulentamente con la frivolidad inmoral de un aborto constitucional y trabajen por el bien común de nuestra nación.