Monseñor Celestino Aós Braco, Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago.
Los obispos denuncian que la nueva Constitución puede ser un peligro para las libertades en Chile
La conferencia episcopal chilena está preocupada por la inclusión en la propuesta constitucional del «derecho a la interrupción voluntaria del embarazo»
La nueva carta magna chilena se votará el próximo 4 de septiembre. Los obispos califican la situación del país que ha llevado a la renovación constitucional como «un proceso histórico que hemos vivido como país en los últimos años, donde destaca, entre otros aspectos, la crisis de octubre de 2019 y la voluntad expresada por la ciudadanía de contar con un nuevo texto constitucional»
Los obispos, preocupados por la polarización social que se vive en Chile, que destaca por las «dos posiciones fuertemente tensionadas entre sí» piden a los ciudadanos ir a votar. Además remarcan la necesidad de hacerlo con conciencia y discernimiento: «es necesario un discernimiento informado y un voto en conciencia, poniendo siempre por delante el bien común del país»
Con el texto publicado, los obispos pretenden iluminar la conciencia de los chilenos, especialmente de los que profesan la fe católica, desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia «esenciales para establecer un orden social justo».
Los obispos valoran negativamente «las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa»
Aborto y eutanasia
El artículo 61 de la propuesta constitucional establece que «toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos», en el que se garantiza por parte del Estado la «interrupción voluntaria del embarazo» a mujeres y «personas gestantes». Incluye también el libre ejercicio de ese derecho sin «interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones»; es decir, el padre queda excluido. Además, no permite la objeción de conciencia, ni personal ni institucional. Los obispos recuerdan que el aborto no es una elección sobre el propio cuerpo «porque la creatura concebida en el vientre es otro ser humano, con un código genético distinto e individual. El embrión no pertenece a la mujer como si fuera un órgano más». Es especialmente grave que este tipo de clausulas se incluyan en un texto constitucional, pues una vez aprobado no sería posible derogar ese «derecho» sin un nuevo proceso constitucional. Así mismo señalan la incongruencia de que el texto incluya derechos «a la naturaleza» y considere a los animales como «seres sintientes», pero deshumanice de tal forma a un ser humano, dejándolos «indefensos a los seres humanos más frágiles y propone como solución a un problema real un acto violento».
La propuesta también incluye en su artículo 68 el «derecho a una muerte digna». Si bien es cierto que también garantiza los cuidados paliativos, la inclusión de la eutanasia es un paso más hacia la deshumanización de la sociedad chilena. Así los obispos califican la muerte digna como «derecho ambiguo, porque pretende solucionar un problema acabando deliberadamente con una vida humana»
Ideología de género
La familia, como núcleo principal de una sociedad sana, donde aprendemos a relacionarnos y a convivir con los demás; se ve deformada por el artículo 10 de la propuesta, al hablar de «familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos». Esta deformación de la familia, que a lo sumo deforma la sociedad, entiende a la familia no como esencia misma de la vida social, si no como una mera agrupación de personas «la deja como un modo de organización al mismo nivel que una asociación».
El texto observa la libre elección de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero como dicen los obispos «la propuesta constitucional sostiene el deber del Estado respecto de la educación, pero no es del todo clara en expresar un derecho preferente y directo de los padres de educar a sus hijos». Tampoco establece un papel claro de los padres en la educación afectiva de sus hijos, dejando esta en manos del Estado, así lo establece su artículo 40 que plantea el derecho «a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva».
Como venimos observando en occidente desde hace unos años, la ideología de género pretende imponerse como pensamiento único en nuestras sociedades. La propuesta constitucional está impregnada de estas teorías posmodernas queer , que están llevando a occidente a la más absoluta ruina moral e intelectual.
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