Los obispos catalanes condenan «los discursos de odio» pero callan ante las agresiones separatistas

Parece que existe una doble vara de medir en algunos obispados catalanes. En la reunión 259ª de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que concluyó el pasado 17 de julio, los once prelados de Cataluña se comprometieron «en la promoción de comunidades acogedoras y misioneras y el intercambio de buenas prácticas». Unos nobles deseos plasmados sobre el papel, pero que no siempre se trasladan a la vida real.

La reunión de los obispos se celebró en plena escalada de la violencia en Torre Pacheco (Murcia), presentada en numerosos medios de comunicación como una reyerta entre inmigrantes y grupos de ultraderecha, sin profundizar más en matices y salvedades. Al finalizar su encuentro, los obispos catalanes emitieron un comunicado en el que «invitan al Pueblo de Dios a conocer en profundidad y orientar las conciencias según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia». «Entre estos principios se encuentra el derecho a migrar de forma segura, el derecho a no tener que migrar y el rechazo a los discursos de odio o las propuestas de deportaciones masivas, como ocurre en algunos países, que no son conformes con el Evangelio», sentencian los prelados, que volvieron a insistir en su apoyo a «la regularización extraordinaria de personas migradas, según dispone la Iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados». Los obispos expresaron también su propósito «de promover en las diócesis con sede en Cataluña la cultura de la vida, de la paz y del encuentro».

Sin embargo, esa «cultura de la paz y del encuentro» parece que no reinó durante la visita que realizó el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, a Vic a principios de este mes. Los obispos de Cataluña, además, tampoco la invocaron cuando el obispado vigitano se vio obligado a suspender los actos religiosos previstos para la festividad de San Miguel de los Santos del pasado 5 de julio que se iban a celebrar en la catedral. Monseñor Argüello fue invitado por el obispo de Vic, monseñor Romà Casanova i Casanova, para presidir la misa del patrono, algo que no fue del gusto de grupos radicales de separatistas y de izquierdas, que amenazaron con reventar la celebración. La diócesis de Vic, «habiendo tenido conocimiento de la convocatoria y preparación de varias acciones contrarias y limitativas de la libertad religiosa», y «dado que estas actuaciones podrían poner en peligro la seguridad de las personas y del patrimonio cultural», tuvo que suspender los actos con el arzobispo de Valladolid.

Efectivamente, la «cultura de la paz y del encuentro» no se vivió en ese momento, pero los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, reunidos apenas unos días después, debieron olvidar incluir una referencia a este episodio o un gesto de apoyo a monseñor Argüello, y mostraron su preocupación por «los discursos de odio o las propuestas de deportaciones masivas» que ocurren «en algunos países».

La culpa es de Argüello

Catalunya Religió, un portal de información religiosa financiado por la Generalitat y que cuenta con la colaboración de una veintena de instituciones pertenecientes a la Iglesia como maristas, claretianos, salesianos, jesuitas, vedrunas o la abadía de Montserrat, quitó hierro al asunto de Vic, asegurando que «no hay un tema de limitación de la libertad religiosa». En un artículo firmado por Jordi Llisterri, el autor afirma que «si la misa la hubiera presidido el obispo Romà Casanova (...) se habría celebrado con normalidad». Es decir, «el problema es que Argüello, (...) como presidente de la Conferencia Episcopal Española, asiste a actos con el presidente de VOX», y que «se carga la amnistía sin tener presente que es un hecho con un amplio consenso dentro de la sociedad catalana, más allá de ideologías y posicionamientos nacionales». «En Cataluña hemos tenido actos presididos por altas jerarquías mucho más retrógradas» y no ha ocurrido ningún incidente, celebra Llisterri. Como solución, el columnista termina proponiendo que «quizás habría sido más sencillo solucionarlo con un oportuno resfriado provocado por estos días de aire acondicionado o con un imprevisto en la sufrida agenda del presidente de la Conferencia Episcopal».

Sin embargo, Oriol Trillas, uno de los mayores conocedores de la Iglesia en Cataluña, explicó en el blog Germinans Germinabit –el más seguido en esa región– que lo sucedido en Vic se trató de «un verdadero atentado contra las libertades constitucionales». Trillas recordaba que, en la visita que había realizado monseñor Casanova a Valladolid en marzo, «nadie dijo ni mu a la presencia del prelado». «Al revés, los que lo conocieron lo consideraron absolutamente normal», subraya.

A su juicio, uno de los que azuzaron el avispero independentista fue «el singular arzobispo de Tarragona», monseñor Joan Planellas i Barnosell, que se hizo eco de «una manipulación a la que se prestó encantado», lo que provocó que «el obispo vallisoletano fuera presentado en los medios catalanes como un auténtico representante de la fachosfera». «Con tal material explosivo (...) los mozos del pueblo llamaron al escrache y boicot al obispo invitado», lo que desembocó en «un gran carajal con gritos contra Romà Casanova, camisetas de ni bisbes ni fatxes (ni obispos ni fachas) y el rasgado de vestiduras habitual de los fariseos paniaguados, con Llisterri a la cabeza, los cuales, obviamente, echaban de forma velada las culpas a Argüello».

Trillas sentencia que, lo que aconteció en Vic, «fue un hecho de una gravedad mayúscula que no ha merecido ni tan siquiera el reproche ni la solidaridad de los obispos catalanes con su hermano en la diócesis de Vic, cuyo metropolitano es ese Planellas que lanzó la piedra y ahora esconde la mano; hecho bastante habitual en su contradictoria actividad episcopal». Trillas recuerda que el arzobispo de Tarragona «es el presidente de ese inútil órgano de coordinación, llamado pomposamente Conferencia Episcopal Tarraconense, que tampoco ha dicho esta boca es mía ante las amenazas contra uno de sus miembros y el atentado a las libertades de expresión, de libertad religiosa y de cultos que tuvieron lugar en Vic».

En todo este «gran carajal», los únicos que se congratularon fueron los radicales. Carla Dinarès i Ayats, una concejal de la CUP en el ayuntamiento vigitano, celebraba desde sus redes sociales que, «por primera vez, hemos participado en un séquito laico de la Fiesta Mayor, gracias a la movilización popular». «¡Por una fiesta mayor del pueblo y para el pueblo, ni obispos ni fachas!», clamaba. Además, la organización separatista reconoció que «la suspensión del oficio religioso es una victoria popular sin precedentes en Vic , gracias a la presión de las comparsas contra la participación del arzobispo de Valladolid».