El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo
El Gobierno y la Iglesia acuerdan la mediación del Defensor del Pueblo en la reparación de los casos de abusos
Se trata de una nueva vía complementaria al Priva —criticado por el Ejecutivo— que los obispos aprobaron a mediados de 2024
A mediados de diciembre, Sánchez admitía unas negociaciones con la Iglesia, amenazando con «tomar medidas» de no lograr ningún pacto
El Ministerio de Justicia, junto con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han cerrado un acuerdo para crear una nueva vía por medio del Defensor del Pueblo «para la reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica para los que ya no es posible la vía judicial».
Se trata de una alternativa para quienes no quieran acudir directamente a la Comisión Priva establecida por la Iglesia. En un comunicado, la CEE decía que el Ejecutivo se ha «comprometido» a tratar la reparación de las víctimas de abusos.
A las 09:30 de este jueves, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el Presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, estamparán su firma en el acuerdo. Está previsto que una hora más tarde, a las 10:00, Bolaños detalle el pacto en una rueda de prensa. A continuación, serán los presidentes de la CEE y Confer los que comparezcan de manera conjunta.
El sistema -que durará un año, pudiéndose prorrogar otro más- contará con el criterio de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del Priva, el consenso de Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas. En el texto apuntan que el Defensor del Pueblo «propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado» por la comisión del Priva, estudiando ambos los casos con criterios homogéneos. En el caso de que existiera discrepancia, será una comisión mixta, establecida por el Defensor del Pueblo previa consulta al presidente de la CEE o la Confer, según el caso.
Por otro lado, las compensaciones económicas quedarán exentas de tributación.
Sánchez amenazó a la Iglesia con «tomar medidas»
En julio de 2024 y de manera unilateral, la Iglesia aprobó el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abuso (PRIVA) asumiendo —en palabras de Argüello— «por propia iniciativa» como una «obligación» la reparación de las víctimas de «este drama». En él se proponía un nuevo cauce para responder a los casos sin recorrido legal. La comisión que decidía las indemnizaciones también contaba con una víctima. Tan solo unos días después, el episcopado español ya expresaron su enfado «en grado mayúsculo» contra las presiones recibidas por Moncloa ante la gestión para enfrentar la pederastia, señalando que el Gobierno pretendía «utilizar a las víctimas» por «interés político por encima de la solución al problema».
Desdeñando todo el trabajo realizado hasta el momento, a mediados de diciembre Pedro Sánchez apuntaba estar en conversaciones con la CEE «para llegar a un acuerdo en el que la Iglesia asuma las recomendaciones del Defensor del Pueblo» y las indemnizaciones a las víctimas de abusos en su seno, advirtiendo que «tomarían medidas» de no alcanzarse ningún pacto.