Bolaños reconoce el compromiso de la Iglesia con las víctimas de abusos prescritos: «Quieren reparar ese daño»

La Iglesia será, a partir de mañana, la primera entidad, incluso por delante del Estado, que atenderá y reparará los casos de abusos cometidos en su seno aunque los delitos ya hayan prescrito. Así, el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la creación de la nueva oficina que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que será la encargada de tramitar las solicitudes de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

Esta oficina será el primer filtro para recibir, a partir de este 15 de abril y por un plazo de un año –prorrogable a otro más– las denuncias de las víctimas.

«Hoy hemos acordado la modificación del Real Decreto de Estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y creamos la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica», ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, como informa Europa Press, Bolaños ha señalado que, a partir de mañana, «todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica podrán acudir al nuevo modelo» de reparación, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

Un sistema por el cual, tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia Española de Religiosos asumirán las reparaciones (simbólicas, restaurativas o económicas), de aquellos casos que ya hayan prescrito legalmente. Y, en caso de duda sobre la autenticidad de la denuncia, será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra.

Además, el ministro Bolaños ha anunciado que van a lanzar «una campaña informativa» para que las asociaciones de víctimas puedan difundir la información, de modo que todas las víctimas conozcan los trámites que deben realizar para solicitar la reparación.

«La Iglesia tiene voluntad»

Preguntado por si el Gobierno tiene previsto algún mecanismo en caso de que la Iglesia no pague las indemnizaciones, Bolaños ha reconocido el compromiso de la Iglesia con la reparación a las víctimas. «La Iglesia va a pagar, primero porque tiene voluntad de pagar, y segundo, porque se ha llegado a un acuerdo», ha destacado.

Además, Bolaños ha explicado que si las diócesis o las congregaciones religiosas en las que alguno de sus miembros abusó de otro adulto o de un menor, no tuvieran ahora fondos para abonar las cantidades acordadas, serán la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos quienes asumirán esa responsabilidad.

«Por tanto, creo que hay una suficiente red de garantías para que la Iglesia repare a las víctimas de abusos que se han cometido en el seno de la Iglesia católica, que además, insisto, es la voluntad de la Iglesia», ha recalcado.

«Ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas que durante décadas fueron olvidadas, durante décadas fueron humilladas, durante décadas fueron orilladas, que en ocasiones ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso. Y ahora la Iglesia está comprometida», ha agregado.

Cómo presentar la denuncia

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), «con todas las garantías de seguridad y privacidad», según ha informado el Ministerio. Además, ofrecerá orientación a las víctimas por teléfono (91 837 22 95) y vía email (reparacion.abusosIC@mpr.es).

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por «especialistas y profesionales independientes», que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para buscar un acuerdo. Y si las discrepancias persisten, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Un año de plazo, prorrogable

Este mecanismo es fruto del acuerdo que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, y podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial porque el caso haya prescrito, o porque el agresor haya fallecido.

Además, podrán hacerlo no sólo las nuevas denuncias, sino incluso aquellas que hayan recibido con anterioridad algún tipo de compensación por parte de la Iglesia, a través de su Plan PRIVA.

Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable a otro, para presentar sus solicitudes.