¿Qué se juega la Iglesia (española y universal) con el Valle de los Caídos?

¿Tiene alguna importancia para el católico de a pie lo que el futuro le depare al conjunto monumental del Valle de los Caídos? ¿Se trata solo de un tema político que no incumbe a la Iglesia o en el que, en el mejor de los casos, esta debería mantener un perfil bajo? ¿La «defensa» del Valle es solo cosa de unos nostálgicos del franquismo o de creyentes que mezclan la fe y la política? En definitiva: ¿Qué se juega la Iglesia (española y universal) con el Valle de los Caídos?

Esta última pregunta es la que le sirve como punto de partida a Ramón Ruavieja –pseudónimo de profesor en Filosofía del Derecho y Teología que ha estudiado pormenorizadamente el devenir del Valle de los Caídos– para desarrollar tres largos y bien fundados artículos en el influyente blog El Wanderer. Ruavieja comienza retrocediendo en la historia hasta Saavedra Fajardo, «una de las más preclaras cumbres del pensamiento político español del XVII», que «utiliza en su historia de los reyes godos, Corona Gótica, un interesante ejemplo para denunciar ciertas injerencias del poder político en ámbito eclesiástico».

«Relata el milagro sucedido cuando el rey Alarico, contrariado porque una iglesia le estorbaba las vistas de su palacio, recibió de su ministro León el consejo de derribarla. El ministro se encargó personalmente de facilitar los trámites y supervisar la destrucción del templo, pero apenas empezaron los oficiales a derribar la iglesia, quedó ciego León; pena bien merecida en quien, lisonjero, respetó más los antojos del rey que la casa de Dios», refiere el autor.

Se consagró toda la basílica

La historia parece repetirse ahora con el conjunto monumental ubicado en la sierra madrileña y que el gobierno de Pedro Sánchez quiere resignificar. Ruavieja prueba que la basílica es, toda ella, recinto sagrado y consagrado, y como tal la Iglesia no debería permitir que una parte de ella se convierta en espacio museístico, como persigue el proyecto ganador para la resignificación del Valle de los Caídos. «En la basílica no se consagró solamente el altar mayor. También se consagraron, como prevén las rúbricas, todos los altares de las capillas laterales, ocho en total, siendo responsables de cada uno los obispos de Salamanca y Guadix, el obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, y los abades mitrados de Silos, Samos, Viaceli (Cóbreces), San Pedro de Cardeña y Santa María de la Oliva», detalla Ruavieja.

El responsable de consagrar la basílica, el 4 de junio de 1960, fue el cardenal Gaetano Cicognani, «que había sido nuncio en España entre 1938 y 1953, y que ahora oficiaba como Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos». «Conforme al Pontificale Romanum vigente en aquella fecha, desde las primeras rúbricas de la ceremonia ya se hacía evidente la sacralidad de todo el espacio», señala el investigador, quien sentencia que «el ritual que se usó para la consagración de aquella basílica no deja lugar a dudas: la totalidad del recinto fue elevada a la condición de lugar sagrado».

Una vez asentada esta premisa, Ruavieja trae a colación el canon 1210 del Código de Derecho Canónico, que afirma que «en un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar». Este sería el motivo por el que la Iglesia no debería, a juicio del experto, permitir que se «despiece» la basílica del Valle de los Caídos como pretende el Gobierno, ya que toda ella está consagrada.

Sin entrar a valorar la cuestión de quién ostenta la titularidad de todo el conjunto, Ruavieja recuerda que, según los acuerdos firmados en 1957 entre el Estado y los monjes benedictinos, «la abadía se convertía en la usufructuaria (...) de la Abadía, Basílica, Escolanía, Hospedería y campos deportivos, y usando explícitamente el verbo 'entregar'». El convenio, como es lógico en cualquier Estado de derecho, no se podría romper arbitrariamente por una sola de las partes sin que eso conllevase consecuencias.

El derecho de los benedictinos

«Para más ahondamiento, de la interpretación del Acuerdo de 3 de enero de 1979, suscrito entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, se colige que, aunque la Abadía no sea propietaria de los bienes, ello no afecta a la sacralidad de su Basílica ni a la potestad administrativa del Abad sobre ella y el resto de su casa», subraya Ruavieja.

Por eso, a juicio del experto, si la Iglesia católica se plegase a la presión del Gobierno por resignificar la basílica, sentaría un peligroso precedente que se podría repetir en otros recintos sagrados: «El reconocimiento de que un poder temporal puede entrar a una Basílica (nada menos que pontificia) para hacer de ella un museo, un expositor ideológico o una sala de espectáculos no afecta exclusivamente a una veintena de monjes benedictinos en la Sierra de Guadarrama». A juicio del experto, afectaría también «a la paz de los fieles, que se encuentran con que la jerarquía de la Iglesia avala con su firma que, respetando simbólicamente el altar, cualquiera de sus parroquias, capillas o ermitas pueden pasar a formar parte de lo profano, siempre que se dé una apariencia de respeto a derechos fundamentales individuales».

«¿No se da cuenta la jerarquía del peligrosísimo precedente que abren al abandonar a su suerte una Basílica? ¿Alguno cree que esa vida contemplativa es viable, o incluso deseable, si se desarrolla en iglesias convertidas por la fuerza en museos o expositores ideológicos?», concluye Ruavieja en su artículo de El Wanderer.