Juan José Omella y César García Magán comparecen en rueda de prensa tras la asamblea plenaria extraordinaria
Los obispos, sorprendidos con la extrapolación de datos del informe de Gabilondo: «No corresponde a la verdad»
La Conferencia Episcopal Española ha encargado a una comisión interna una guía práctica para aplicar las recomendaciones sobre prevención y formación en materia de abusos que contiene el informe del Defensor del Pueblo
Tras la asamblea plenaria extraordinaria que ha reunido a los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el presidente de la CEE, Juan José Omella, junto al portavoz de los obispos, César García Magán han comparecido ante los medios para dar cuenta de las conclusiones sacadas sobre los informes de abusos: uno, el del Defensor del Pueblo publicado el pasado viernes, y el segundo: el encargado por ellos mismos a Cremades & Calvo Sotelo y que el bufete ha pedido retrasar.
Omella ha manifestado en nombre de los obispos el sentir de todos por el daño causado por «algunos miembros de la Iglesia» y también ha reiterado «la petición de perdón a las víctimas». También ha expresado su compromiso para «trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, el acompañamiento y la prevención», ha aclarado.
El presidente de los obispos se ha mostrado sorprendido por la extrapolación de los datos de la encuesta anexa al informe de la comisión de Gabilondo: «No corresponde a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos». Omella ha expresado el dolor que sienten por cada caso, pero creen que «la extrapolación no corresponde». «Si seguimos esa regla matemática, estaríamos todos metidos en este asunto. Ustedes y yo», ha expresado el arzobispo de Barcelona.
Por su parte, el portavoz de la CEE ha ahondado en el orden del día de la plenaria y ha afirmado que de todo lo que se recoge en el informe del Defensor del Pueblo han prestado especial atención a los testimonios de las víctimas y a las recomendaciones que la comisión de estudio del Defensor del Pueblo. «Hemos considerado unirnos a esas peticiones y ponerlas en marcha, para que todos podamos colaborar para poner fin a esta lacra que es un mal de toda la sociedad», ha explicado.
El informe del defensor, ha confirmado Magán, presenta una «visión general del problema, que va más allá de la Iglesia» y ha añadido que ante esto, «tiene que haber una respuesta general y colectiva». Por ello, el portavoz ha expresado que la Iglesia colaboraría económicamente si los poderes públicos conformasen un fondo de reparación para víctimas de abusos en todos los ámbitos de la sociedad. Si esto no sucediese, la Iglesia española se compromete a reparar a las víctimas de forma integral.
En lo concreto, la asamblea plenaria extraordinaria ha encargado al servicio de protección de menores de la Conferencia Episcopal elaborar un itinerario de aplicación de las recomendaciones sobre prevención y formación, que será presentado en la próxima plenaria.
Sobre la solicitud de Cremades de atrasar la fecha de entrega de su auditoría, Magán ha expresado la decisión de la asamblea de posponerlo hasta la próxima asamblea plenaria ordinaria, que será a mediados de noviembre.
Esta plenaria extraordinaria, que ha sido la cuarta del episcopado español, ha estado presidida por el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y en ella han participado 88 obispos, tanto presencial como telematicamente, así como el presidente de los religiosos de España, Jesús Díaz Sariego, secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
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