07 de diciembre de 2021

La Audiencia Provincial de Almería, en una fotografía de archivo

La Audiencia Provincial de Almería, en una fotografía de archivoEP

Condenado un matrimonio por dirigir una red de explotación sexual que forzaba a sus víctimas con 'vudú'

Las dos víctimas fueron engañadas en su país de origen, Nigeria, con la promesa de un trabajo digno en España para ellas y así poder ayudar a su familia
La Audiencia de Almería ha condenado a penas que suman siete años y seis meses de cárcel a un matrimonio nigeriano que se dedicaba a captar mujeres en su país natal con ofertas de trabajo en España, si bien, una vez llegaban, las forzaban a ejercer la prostitución en varias cortijadas de la provincia «aprovechándose de su situación de vulnerabilidad», ya que habían asumido una deuda de 30.000 euros.
La sentencia, consultada por EP, recoge que ambos, que actuaban junto a una hermana de ella que no ha podido ser enjuiciada, «dominaban la voluntad» de las víctimas sometiéndolas al rito vudú y les hicieron «jurar que a cambio de los gastos de viaje y manutención tendrían que pagar el equivalente en moneda local a unos 30.000 euros, con la advertencia de morir, ellas o sus parientes, en caso de que no satisficiera dicha cantidad».
La máxima responsable del entramado, que al igual que el resto de acusados reconoció los hechos en el acto de juicio y mostró conformidad con las penas interesadas por el fiscal después de que este modificase su escrito de calificación, empezó a contactar directamente con las mujeres en su país natal en 2016 «con la finalidad de utilizarlas y explotarlas sexualmente».
Para ganarse su confianza en un primer momento, según la sentencia, les aseguraba, aprovechando «la difícil situación económica existente» en Nigeria, que en España «había mucho trabajo», y les anunciaba cuando se disponían a viajar ya a España que se emplearían «cuidando a una persona de avanzada» y que «podrían mejorar su vida y la de su familia».
Las dos víctimas que prestaron testimonio en la instrucción de la causa penal como testigos protegidos relataron que, siguiendo las instrucciones de la condenada, emprendieron el viaje por tierra atravesando Nigeria en autobús hasta llegar a Libia y, desde allí, a través de un intermediario que trabajaba para ella, fueron trasladadas en una patera hasta Italia.
El importe de la travesía lo pagó el marido, también condenado, de la cabecilla, por mandato de ella. El viaje por mar, que se prolongó varios días, «puso en peligro la vida e integridad de las testigos protegidas y todos los que viajaron a bordo al no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar», subraya el tribunal en el fallo.
«Tal fueron las irregularidades que durante el trayecto fallecieron inmigrantes que viajaban en la zodiac y quedaron durante día y medio a la deriva hasta que fueron rescatados y trasladados en barco a las costas Italianas por las autoridades de dicho país», añade.
Una vez en Italia, las dos víctimas ingresaron en un centro de refugiados y después en un centro de menores, donde fueron contactadas por la hermana de la máxima responsable de la red, que les dijo que si no accedían a lo que pedían «llevarían a sus familiares a la casa del vudú».
Con documentación falsa, según el relato de hechos probados, fueron recogidas por el matrimonio que les anunció «que su trabajo consistiría en el ejercicio de la prostitución y que tenían una deuda que debían pagarle con su trabajo».
«Pese a la negativa inicial de ambas de desempeñar el mismo, atemorizadas por las promesas realizadas en Nigeria en la casa de vudú y por la advertencia de que matarían a sus familias, careciendo de documentación, sin conocer a nadie más que los procesados, sin apoyo familiar ni económico y encontrándose en un país desconocido del que tampoco conocían el idioma y sin otra posibilidad de sobrevivir, se vieron abocadas a obedecer a los procesados y a ejercicio de la prostitución», remarca.
El tribunal también condena por conformidad a una subordinada que gestionaba uno de los cortijos donde eran explotadas sexualmente las mujeres en Roquetas de Mar, donde debían estar todo el día a disposición de los clientes, a cualquier hora y sin tener días de descanso. Era a esta mujer a quien las víctimas entregaban "la totalidad del dinero que obtenían".
El dinero servía de pago de esa supuesta deuda contraída por el viaje a España desde Nigeria, tras «detraer alrededor de 35 euros semanales por el alojamiento y manutención». También tuvieron que trabajar obligadas en otros prostíbulos, pero tenían que «continuar entregando el dinero» a la cabecilla de la red.
Cuando ambas testigos protegidas abandonaron los cortijos que manejaba el matrimonio y ante la necesidad de seguir abonando a los cabecillas la deuda que habían contraído en su país, trabajaron en el club de una cuarta condenada, quien «a sabiendas de la situación irregular, la necesidad y vulnerabilidad de ambas jóvenes, les cobró 35 euros semanales por el alojamiento y manutención para que pudieran ejercer la prostitución en el cortijo que regentaba, favoreciendo su permanencia de las testigos en España en esas condiciones».
Una de las víctimas abonó un total de 27.000 euros de la deuda contraída mientras que la otra alrededor de 200 euros, según indica el tribunal.
La sentencia condena al matrimonio como autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva y otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al margen de a las penas privativas de libertad a multa de 12 meses a cuatro euros al día.
A la subordinada la condena a cinco años de cárcel por un delito de prostitución coactiva mientras que a la responsable de regentar un cortijo donde trabajaron tras abandonar la red le impone la pena de seis meses de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ambas deberán pagar una multa de 12 meses a razón de cuatro euros al día.
Ninguno podrá acercarse a las víctimas a menos de 500 metros por un periodo de 12 años y tendrán que indemnizar a ambas mujeres, de forma conjunta y solidaria, con un total de 37.000 euros por los daños morales ocasionados.
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