27 de junio de 2022

Javier Somoza, junto a su hijo Miguel, durante una de las pocas ocasiones en las que ha podido verle desde su nacimiento en 2012

Javier Somoza, junto a su hijo Miguel, al que vio por última vez el 6 de septiembre de 2016Javier Somoza

Entrevista

Javier Somoza: «El 90 % de los secuestros parentales los cometen las madres»

El fundador y portavoz de Niños sin Derechos, una asociación encargada de dar apoyo a afectados por sustracciones de menores, disecciona los principales escollos jurídicos de un delito que en España registra alrededor de 300 casos cada año

Javier Somoza, fundador y portavoz de la Asociación de Niños sin Derechos (Nisde), no ve a su hijo Miguel, al que su exmujer mantiene retenido en Rusia, desde hace seis años. Fue entonces cuando, tras casi un lustro de lucha perdida en los tribunales de ese país para garantizar el derecho del pequeño a recibir el amor de la familia paterna (de acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño), impulsó esta organización para ayudar a los cientos de progenitores cuyos hijos, al igual que el suyo, son secuestrados en España cada año por una de las dos partes.
Indignado por la dejadez y el desconocimiento de los jueces españoles cuando se trata de sustracciones parentales internacionales y frustrado con la falta de cumplimiento del resto de países a la hora de retornar a los menores a su lugar de origen, Somoza atiende a El Debate por teléfono desde su residencia en La Coruña con motivo del Día Internacional de los Niños Desaparecidos, el pasado 25 de mayo. Fecha, precisamente, en la que el Gobierno concedió el indulto a la expresidenta de Infancia Libre, condenada por el mismo delito sobre el que habla en esta entrevista.
–Cerca de 300 niños sufren secuestros parentales todos los años en España. ¿Cuáles son las principales claves de esta problemática?
–Las sustracciones parentales se producen cuando uno de los dos padres, ya sean divorciados o separados y tanto si tienen la custodia total como si la comparten, se llevan al hijo, o hijos, al extranjero –normalmente a su país de origen– sin el permiso del otro progenitor. Desde 1980 existe un tratado, el Convenio Internacional de La Haya, que se presupone una salvaguarda para que los países firmantes (98 en total) actúen por la vía rápida para ordenar la restitución del menor al país del que proceden.
En la práctica, sin embargo, la realidad es muy distinta, y esto se traduce en que una gran parte de esos países prefieren proteger a sus ciudadanos antes que aplicar el convenio. El resultado es que, cuando esto sucede, las demandas de retorno pueden alargarse años y años hasta que los menores son devueltos, si es que llegan a serlo.
–¿Y en España? ¿Cómo actúan nuestros tribunales?
–Desde Nisde hemos presentado a lo largo de estos años una serie de modificaciones legislativas para adecuar el marco jurídico español a los tiempos actuales a fin de proteger el interés superior del menor y no el del secuestrador. Pero a pesar de que muchas de esas modificaciones han logrado materializarse, tenemos un país donde nuestros jueces, sobre todo en primera instancia, hacen aguas por todos lados.

En España existe una cierta inclinación por parte de los jueces a favorecer al progenitor sustractor, sobre todo si es la madre

Tengo una sentencia, por ejemplo, de dos niños secuestrados en Holanda por su madre, emitida con fecha de abril de 2022, en la que entre los argumentos que expone la jueza española para evitar que los niños no se muevan del país es que el «desplazamiento con la madre custodia, aun sin el permiso del padre, no está penado por la ley». ¿Perdón? ¡Pero si en septiembre del año pasado entró en vigor el nuevo texto del artículo 225 bis del Código Penal [sobre sustracciones parentales] y sí que esta penado! Nuestros propios jueces desconocen la ley. Y además existe una cierta inclinación a favorecer al progenitor sustractor, sobre todo si es la madre, tardando innecesariamente en adoptar las medidas de protección a los menores establecidas en nuestro Código Civil.
–¿Cuál es la proporción por género de padres y madres secuestradoras?
–España no ofrece datos desglosados sobre esta cuestión, por lo que se le aplica la media internacional de la Conferencia de La Haya, que cuantifica en un 73 % el porcentaje de secuestros que son cometidos por las madres. En el caso de Nisde, el 92 % de los afectados que acuden para ser ayudados y asesorados son hombres.
–De los 98 países firmantes del convenio, ¿cuáles son los que más lo incumplen, según su propia experiencia?
–Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Colombia, Francia, Grecia, Hungría, Marruecos (en su caso funciona mejor con el convenio bilateral específico que mantiene con España), México, Suecia, Polonia y Rusia (que tiene la tasa más alta de niños españoles secuestrados y desaparecidos: 226). EE.UU., por el contrario, es de las más cumplidoras.
–¿Cómo se podría resolver el problema de las sustracciones?
–La solución la dio el anterior presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, y es muy sencilla. Consiste en que España, en vez de regirse en estos casos por el principio de cooperación que se indica en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, apueste por el principio de reciprocidad: si tú no cumples conmigo no cumplo yo contigo. Esto cambiaría mucho las cosas.

El caso de Somoza

Javier Somoza define su caso de sustracción parental como «paradigmático» porque, asegura, fue «el primero» que acreditó documentalmente un delito de fraude por parte de una clínica de reproducción asistida de Rusia. Al tener dificultades para concebir, él y su exmujer, de origen ruso, acudieron a un centro en ese país para tener un hijo por fecundación in vitro. El contrato establecía que, si en el plazo de un mes –y con diversos requisitos para la madre– la muestra aportada no era empleada, se procedería a su inmediata destrucción.

La pareja rompió, pero la mujer consiguió sobornar al médico responsable de la clínica para inseminarse aun habiéndose superado los 30 días establecidos. Cuando Somoza supo por ella que había tenido al niño, inició un largo y tortuoso periplo judicial para lograr su custodia. Incluso, asegura –y dice tener pruebas de ello al haber grabado la conversación– que las autoridades policiales de San Petersburgo le exigieron una «motivación» de 20.000 euros para emitir un informe a su favor. Desde su nacimiento solo ha visto a su hijo «muy pocas veces» (siempre pagándole a la madre ingentes cantidades de dinero a cambio) y desde 2016, cuando creó Nisde, no sabe nada de él.

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