Parte del Gobierno, incluido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, preside una reunión del sistema VioGen en 2019
Sociedad
Decenas de organizaciones de mujeres denuncian fallos en la protección de víctimas de violencia de género
Urgen a cumplir de forma «estricta» las medidas de vigilancia y control previstas y a reformar la coordinación judicial y policial para adoptar medidas especializadas
Las alarmantes cifras de mujeres asesinadas por sus parejas en las últimas semanas no solo preocupan al Gobierno, sino también a decenas de asociaciones de mujeres que creen que el sistema de protección actual adolece de graves fallos que ponen en riesgo la vida de las potenciales víctimas.
Más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas o la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, hicieron público este miércoles un manifiesto en el que denuncian múltiples defectos en la prevención y actuación ante los casos de violencia de género.
Las entidades denuncian la «situación de alarma» que, a su juicio, se ha producido tras el repunte de homicidios registrados en diciembre, así como en las primeras semanas de 2023. Una situación que, subrayan, exige de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y de toda la sociedad «un esfuerzo adicional en la puesta en marcha de medidas para la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres».
De esta forma, urgen a las instituciones a cumplir de forma «estricta» las medidas de vigilancia y control ante casos de violencia de género, incluyendo la evaluación continua del sistema VioGén y una reforma de la coordinación judicial y policial para adoptar medidas especializadas para las víctimas con especial vulnerabilidad.
Valoración forense
También proponen la apertura, en todas las comunidades autónomas y con la dotación suficiente de medios, de Unidades de Valoración Forense Integral que, según han señalado, están previstas en la Ley Orgánica de Violencia de Género.
Estas organizaciones también llaman al refuerzo del sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones que permita a las mujeres dar con suficiente seguridad el paso de la ruptura de la relación violenta, evitando situaciones de desprotección; además de dotar de «más y mejor formación con perspectiva de género de todos los operadores», policiales, jurídicos y sanitarios, entre otros, que se ocupan de la atención y la valoración del peligro que corren estas mujeres.
Del mismo modo, consideran «urgente» intervenir a favor de la prevención de la violencia de género en cualquiera de sus formas y de incidir en la sensibilización social, en toda la población, pero en especial entre la población más joven, incluyendo campañas centradas en combatir la minimización del riesgo utilizando nuevos canales de difusión.
Actualización del Pacto de Estado
Por otra parte, estas entidades llaman a las formaciones políticas a renovar y actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en 2017 y piden «la inmediata constitución de la Subcomisión de renovación» de este acuerdo en el Parlamento.
«Necesitamos un firme compromiso de los grupos políticos que incorpore las diferentes formas de violencia contra las mujeres y contrarreste los efectos que el negacionismo pudiera estar teniendo sobre la condena social unitaria a este tipo de crímenes y la impunidad y el refuerzo al comportamiento de los agresores», advierten las organizaciones, que se han puesto a disposición de los partidos para colaborar en esta materia.
Y, en este sentido, aseguran no entender que las instituciones y poderes públicos «no hayan contado con las organizaciones feministas especializadas para el análisis y el diseño de las medidas de respuesta ante esta situación». «Demandamos ser convocadas, como organizaciones expertas, en los comités de crisis para exponer las deficiencias de la respuesta institucional tanto por parte de la Justicia como de las administraciones públicas», señalan en el comunicado.
Así, defienden que «en muchos casos» son ellas quienes se encuentran más cerca de las víctimas y por lo tanto quienes mejor conocen los déficits detectados en los recursos.
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