Sede del Tribunal Constitucional de Portugal
Portugal
El Constitucional portugués vuelve a tumbar la ley de la eutanasia por conculcar la Carta Magna
Hasta en tres ocasiones ha frenado el tribunal de garantías luso la aprobación de la norma por su inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal ha vuelto a frenar este lunes la legalización de la eutanasia, al considerar que algunos puntos de la norma salida del Parlamento que aspira a permitirla entran en conflicto con la ley fundamental del país.
Con la nueva desestimación, la norma volverá ahora al Parlamento, donde ha sido aprobada en tres ocasiones, pero se ha acabado topando siempre posteriormente con la lupa judicial y del propio jefe del Estado. A principios de enero, de hecho, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitó su revisión por una cuestión de «seguridad jurídica».
En concreto, el dignatario señaló en su último veto que la norma tenía «contradicciones», por lo que, para resolverlas, el Parlamento decidió dejar de exigir que hubiese una «enfermedad fatal» para poder solicitar la muerte médicamente asistida. Así, el último texto presentado hablaba de eutanasia para los casos de mayores de edad con «sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable».
La despenalización de la eutanasia fue debatida por primera vez en Portugal en 2017. Nueve entidades, entre ellas la Universidad Católica Portuguesa, Cáritas y el Instituto San Juan de Dios, firmaron un documento a finales de diciembre que citaba el artículo de la Constitución que estipula que «la vida humana es inviolable».
Además, los firmantes criticaron que los diputados han «contrariado todos los pareceres de colegios profesionales de la salud», así como del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida luso, que recientemente lamentó la versión final al considerar que no incluye todas sus recomendaciones realizadas al Parlamento.
Los impulsores de la iniciativa, por su parte, confiaban en que esta vez el Tribunal no encontrase problemas. «Estamos convencidos de que la ley no padece de ningún tipo de inconstitucionalidad», aseguraba la diputada socialista Isabel Moreira en declaraciones a la cadena estatal RTP.
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