Ilustración: Ley trans
Crean una asociación para defender a las víctimas de la ley trans: «La gente joven es muy manipulable»
La ley está vinculada al incremento de suicidios entre los niños de ocho y 15 años por confusiones de género
El mismo día que entró en vigor una de las normas más controvertidas y polémicas de este último año, la Fundación Zaballos sacó a la luz la primera Asociación de Víctimas de la ley trans. Su principal objetivo es proteger a todas aquellas personas, en especial menores, que sufran los efectos colaterales de la ley de Irene Montero y de las normas autonómicas vigentes desde el 2014.
La misión de la asociación es, tal y como redactan en su página web, proporcionar amparo jurídico, asesoramiento, apoyo psicológico, visibilidad y acciones judiciales a todas aquellas personas que están afectadas por los múltiples efectos en los distintos ámbitos que provoca la llamada ley trans.
La presidenta de esta fundación, Emilia Zaballos, que lleva 27 años defendiendo los derechos constitucionales, apunta que no se puede permitir que esta norma «no sea concisa ni concreta» porque las leyes «deben ser perfectas» para que no tengan «daños colaterales».
Redactar los textos en tiempo récord tiene consecuencias, ya se ha visto con la ley del 'solo sí es sí'. En estas dos normas, la urgencia, la falta de escucha y la ignorancia a los expertos ha tenido grandes consecuencias. Una de ellas es la creación de perjuicios al propio colectivo que se quiere proteger. No solo afecta a las personas trans, sino que también, según asegura la presidenta, produce daños colaterales a otras personas porque «se las lleva a la confusión».
Uno de los puntos más polémicos de esta ley trans es la autodeterminación de género, que tal y como cuenta la presidenta de la Fundación «tiene grandes inconvenientes». Uno de ellos es permitir el cambio de género con 12 años, edad en la que no se les consiente realizar «otro tipo de acciones».
Lo mismo pasa con los jóvenes de 14 a 16 años. A ellos les basta con una simple autorización o acompañamiento de uno de los progenitores. En el caso de que no haya acuerdo, basta con un defensor judicial. «Esto es un riesgo», comenta Zaballos, porque la ministra de Igualdad ha creado una ley en la que no es necesario presentar ningún informe médico o psicológico para comenzar el trámite que tendrá consecuencias en el futuro de estos adolescentes.
Esta acción es arriesgada y errónea, ya que pueden «existir conductas como la depresión grave» que se traduce en un conflicto de identidad «puntual», pero no se sabe porque esta ley no permite informes previos. Esto ha pasado en niños autistas inmersos en una depresión que han terminado con hormonas, «algo irreversible».
De hecho, países como Dinamarca o Suecia, que han sufrido los grandes inconvenientes de esta ley, están rectificando la norma que Montero acaba de imponer. Además, el pasado mes de febrero, Susana Domínguez, de 24 años, denunció que la sanidad pública erró en su diagnóstico de disforia de género y ahora, nueve años después, sufre sus consecuencias.
Y es que, a tenor de lo que ha ocurrido en estos países, la presidenta está segura de que en España pasará lo mismo. A día de hoy, y gracias a su servicio, más de 300 personas reciben información. Las vivencias más dolorosas, cuenta la presidenta, son sobre todo de «menores y familiares».
Los menores, los más influenciables
El cerebro de los jóvenes está en constante desarrollo, así lo aseguraba el pasado mes la experta en bioética Ondina Vélez Fraga, y esta formación está ligada al manejo de los adolescentes. En este sentido, Zaballos admite que la gente joven «es muy manipulable» y con esta ley delante es «muy preocupante».
Una de las cosas que ha detectado la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales es la vinculación de la ley con «el incremento de suicidios entre los niños de ocho y 15 años» por confusiones de género y como consecuencia un aumento del bullying en los colegios, comenta la presidenta. Por esta razón, son muchos los países que están reculando en la ley.
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