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23 de julio de 2024

La ministra de Sanidad, Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica GarcíaEFE

La desaparición de Muface continúa planeando y las aseguradoras muestran su preocupación

Mónica García ya subrayó que no estaba «entre sus prioridades», pero el CSIF reclama al Gobierno que garantice una «financiación suficiente»

Era una promesa electoral de Sumar. En el documento con el que este partido, liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se presentó a los comicios del 23-J proponía integrar a los usuarios de Muface «de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación del sistema sanitario público». Una promesa que se podía convertir en realidad al recaer el Ministerio de Sanidad en manos de Mónica García, que se presentó bajo las siglas de este partido.

Rápidamente saltaron las alarmas ante una posible disolución no solo de Muface –la mutualidad de funcionarios civiles del Estado–, sino también de Isfas –de las Fuerzas Armadas– y de Mugeju –del cuerpo judicial–. Una decisión que, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Debido al revuelo levantado, Mónica García salió al paso para aclarar que tiene «otras prioridades» antes que tocar Muface. «Nunca he hablado de Muface. Tiene grandes detractores y seguidores. Yo no estoy en ninguno de los dos. Ahora mismo, mi prioridad es la atención primaria, la salud mental, los profesionales, recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y ensancharla», destacó en Hora 25, de Cadena Ser.

Estas declaraciones no han evitado que el nerviosismo persista. Las entidades que prestan asistencia sanitaria –Adeslas, Asisa y DKV– se muestran preocupadas «por el escenario económico actual, muy diferente al de diciembre de 2021», que fue cuando se firmó el concierto para la asistencia sanitaria.

El Gobierno, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la financiación de Muface, alega que la mutualidad mantiene «una interlocución fluida» con las entidades concertadas para la prestación de la asistencia sanitaria. Asimismo, el Ejecutivo confirma que las aseguradoras han solicitado «el reequilibrio económico del contrato», algo que Muface «está estudiando».

En cuanto al concierto con Isfas, el Gobierno recuerda que tuvo como una de sus novedades «y posiblemente la primordial, que se firmó para tres años, con un incremento presupuestario de 1.620 millones de euros» para los tres ejercicios.

CSIF reclama «financiación suficiente»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha exteriorizado su preocupación en los últimos meses. En conversación con El Debate, Juanjo San Miguel, director de comunicación del sindicato, ya vaticinó que con la caída de Muface el SNS «colapsaría y peligraría la atención de muchos colectivos, como por ejemplo los que residen en la España rural».

Hace unos días, el sindicato se reunió con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer de primera mano la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo, y solicitó una «financiación suficiente» para los conciertos sanitarios.

Así, esperan que el documento arroje luz sobre las cuestiones que afectan al mutualismo administrativo que vienen denunciando «desde hace tiempo para que puedan ser mejoradas, pero que no sirvan como excusa para tomar decisiones erróneas sobre el futuro del Mutualismo Administrativo».

Asimismo, en un comunicado ponen de manifiesto que este modelo presta asistencia sanitaria a más de dos millones de personas «y su desaparición supondría el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud, ya de por sí saturado, y un alto coste económico para las arcas públicas». Instan al Gobierno a garantizar la viabilidad del mutualismo administrativo y a incluir en los presupuestos generales del Estado una dotación económica incrementada para un nuevo concierto sanitario que pueda corregir los recortes producidos.

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