La ministra de Sanidad, Mónica García
La caída de Muface costaría 1.000 millones anuales al sistema público y cerrarían hospitales en 19 provincias
La propuesta, que Mónica García dice haber aparcado pero que estaba incluida en el programa de Sumar, llevaría a un incremento en un 266 % de las listas de espera
La ministra de Sanidad, Mónica García, resolvía hace unas semanas la polémica generada alrededor del posible desmantelamiento de Muface –la mutualidad de funcionarios civiles del Estado– alegando que «no es una prioridad». Algo que contrasta con el programa con el que se presentó García a las elecciones bajo el partido Sumar, que en su punto 14 dentro del epígrafe «derecho a la salud» especificaba que la formación apuesta por la «inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface, Mugeju, Isfas)».
La titular de Sanidad no descarta, por ende, que a lo largo de la legislatura se retome esta promesa electoral y se ponga en marcha la maquinaria para desmantelar este modelo que, por otra parte, se encuentra al borde del colapso financiero.
En el marco de esta controversia, la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha presentado un informe que advierte de las consecuencias que tendría la eliminación de Muface debido a la falta de financiación, y contiene datos alarmantes. Según el trabajo, impulsado junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y titulado 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).
Y es que a los mutualistas de Muface se les da la posibilidad de acudir al sistema público o de escoger una asistencia en la sanidad privada, mayormente bajo el paraguas de aseguradoras como Adelas, DKV o Asisa. El resultado es más que evidente: un 72,9 % del millón y medio de mutualistas y beneficiarios escogen la segunda opción, un volumen que tendría que asumir el SNS.
Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.
Cerrarían hospitales en 19 provincias
De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.
Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
Continuidad del modelo
El informe contempla un segundo escenario, además de la demolición del sistema, y es una posible continuidad del mismo. Tal y como apuntan, para conseguirlo se precisaría de un incremento de la financiación «en aras de garantizar su sostenibilidad», así como la adopción de innovaciones tecnológicas tanto en atención médica como en gestión, el enfoque en la prevención y la colaboración efectiva de todos los agentes que intervienen en la cadena de valor.
La evolución en los últimos diez años (2014-2023) de la prima mensual ajustada a la edad del usuario de Muface ha experimentado un incremento del 31,4 por ciento, pasando de los 64,3 euros de 2014 hasta alcanzar los 84,5 euros de 2023 que, en todo caso, es bastante inferior al gasto sanitario público per cápita (134 euros/mes), el cual se ha incrementado en un 54 % en este mismo periodo, lo que supone un diferencial de 22,9 puntos.
A pesar de la mejora de la prima media, el informe señala que la siniestralidad de las aseguradoras en relación con los mutualistas ha sido superior al 100 % en los últimos dos años, como consecuencia principalmente del aumento de la edad media de los mutualistas, que hace que precisen de una mayor asistencia. En este sentido, las compañías aseguradoras firmantes del concierto con Muface, es decir, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, sitúan sus pérdidas en aproximadamente 170 millones de euros en 2022.
Así, destacan que esta financiación insuficiente está generando una situación «insostenible», afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera, debido a que o bien las aseguradoras limitan sus cuadros médicos, o bien porque algunos prestadores deciden no continuar ofreciendo el servicio por las bajas tarifas actuales.
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