La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
La sanidad privada critica la intención de Díaz de subir el IVA: «La ideología va a afectar a los pacientes»
Quiere dejar a España fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) muestra su rechazo a la medida propuesta en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2024 por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, en la que aboga por la supresión de la exención del IVA a la sanidad privada.
En este sentido, la patronal del sector de provisión sanitaria recuerda a la dirigente que, de acuerdo con el artículo 132 de la Directiva 2006/112 del Consejo de Europa, se establece un marco común relativo al sistema del IVA. En él se indica que entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas, se sitúan «las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, las de servicios médicos prestados por profesionales y las de servicios protésico-dentales».
Aun así, la misma directiva establece algún margen de aplicación con matices técnicos en la aplicación por cada Estado miembro.
Entrando a analizar el derecho comparado entre los Estados Miembros, informa ASPE, existe «una elevada armonización» y ninguno de los grandes países de la Unión Europea introduce limitación alguna a la exención. Países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Bélgica o República Checa aplican la exención a servicios prestados por entidades sanitarias de igual forma que a las entidades públicas.
De hecho, cuando en octubre de 2020 ya surgió la posibilidad de que el Gobierno de coalición anterior tuviera en estudio eliminar la exención del IVA para la sanidad privada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, terminó alejando esa posibilidad y contestó en distintas misivas a diferentes entidades y colectivos sanitarios indicando que, de acuerdo con la Directiva del Consejo de Europa relativa al sistema común del IVA, la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios está «exenta de IVA y se trata de una exención obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea».
Al hilo, la propuesta de Yolanda Díaz quiere dejar a España fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE.
Asimismo, ASPE considera que este posicionamiento de la vicepresidenta Díaz responde de nuevo a cuestiones ideológicas que dejan a un lado los números y los hechos. «La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes», aseguran, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es «un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública», señala Carlos Rus.
El encarecimiento de la sanidad privada que provocaría la supresión de la exención del IVA previsiblemente trasladaría hacia el sistema público a millones de usuarios que actualmente no hacen uso de los recursos públicos, o lo hacen parcialmente.
Del mismo modo, Rus señala que el ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, «muy probablemente» se convertiría a medio plazo en «un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos», ya que se tendría que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarían a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz.
Asimismo, desde la patronal también alertan de los «perjuicios que esta medida tendría sobre un sector» que genera valor y riqueza para la economía del país y que emplea a más de 400.000 personas. Esta posible situación podría abocar al cierre de empresas sanitarias de menor tamaño, debido a la más que posible pérdida de asegurados.
«Aplicar el 21 % de IVA a los servicios sanitarios privados significa gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios», apunta el presidente de ASPE. En este sentido, Caros Rus apunta que hay que regular para «favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria». Por lo que es momento «de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible», concluye Carlos Rus.
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