¿Puede el Gobierno incluir el aborto en la Constitución? Este es el proceso que debería seguir

El pasado miércoles, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, manifestó durante un desayuno con periodistas su deseo de incluir el aborto en la Constitución, como hizo nuestro país vecino galo el año pasado. Sus metas están claras, que nuestro país blinde «los derechos sexuales y reproductivos» y, sobre todo, ofrezca «libertad a las mujeres». A pesar de los deseos de la izquierda por llevar esta ley al máximo, ¿puede el Gobierno hacerlo?

Hace justo un año, cuando Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en su Carta Magna, la titular de la cartera de Igualdad se mostró, al contrario que Mónica García, completamente en contra de que esto pasase en España, ya que, según su criterio el proceso de reforma en el caso español es «muy exigente» y «realmente agravado», además de requerir de «enormes consensos».

Con la idea en mente, Redondo afirmó en la rueda de prensa que no sabía si «en este momento» existía un consenso suficiente para conseguir este propósito, puesto que se trata de una reforma constitucional agravada, un procedimiento «enormemente complejo» mucho más rígido y exigente. Del mismo modo, apuntó que es necesario «desarrollar la ley» y pensar en una «reforma constitucional».

En este sentido, siguiendo los pasos, la primera aprobación se debería dar en el Congreso y el Senado. Para que la reforma pase al siguiendo punto, al menos dos tercios de los diputados y senadores deberían estar de acuerdo. No bastaría con que un solo partido tenga mayoría. Más grupos deben estar de acuerdo.

En el caso de que esto pase, se deberían disolver las Cortes, por lo que se convocarían nuevas elecciones generales. Los nuevos diputados y senadores elegidos en las elecciones deberían volver ratificar la decisión de seguir adelante con la reforma y estudiar el texto. Una vez más, al menos dos tercios de ellos deben estar de acuerdo para que siga adelante.

Una vez aprobada la reforma, se debería hacer en un referéndum para que toda la población decida sobre si se debe aprobar o no. Si sale que sí, en su mayoría, esta se debería incluir en la Carta Magna.