Los farmacéuticos advierten de que la ley de medicamentos podría provocar una reducción del número de farmacias

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha expresado su preocupación por el nuevo sistema de selección de medicamentos propuesto en el anteproyecto de ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, advirtiendo que podría suponer graves consecuencias para las farmacias, el empleo en el sector y la continuidad de los tratamientos médicos.

La iniciativa normativa, que ha entrado en fase de audiencia pública, plantea un modelo por el cual cada seis meses se seleccionará el medicamento o medicamentos más económicos dentro de cada grupo homogéneo. Esta selección pasará a ser de uso obligatorio en las dispensaciones. Así, cuando a un paciente se le recete un medicamento que no figure entre los seleccionados, el farmacéutico estará obligado a sustituirlo por el más barato o, en su defecto, el paciente deberá asumir la diferencia de precio.

Desde la entidad que representa a los farmacéuticos españoles se alerta de que este mecanismo podría provocar una disminución de la adherencia terapéutica y un incremento del riesgo de errores en la administración, especialmente por la frecuente alteración del tratamiento que implicaría esta rotación de fármacos.

«Los farmacéuticos estaríamos viendo ampliada nuestra capacidad para sustituir medicamentos, pero no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias. Este nuevo sistema nos pone en el compromiso de sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente», ha manifestado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General.

La organización considera que la reducción de opciones disponibles en farmacia derivada de esta selección estricta podría desembocar en desabastecimientos, dificultando la continuidad de los tratamientos. Además, alertan de un fuerte impacto sobre la red de oficinas de farmacia, especialmente en zonas más vulnerables, donde la sostenibilidad económica ya es frágil. «Pero que tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento», subrayan.

Reconocimiento de nuevas competencias

Pese a las críticas, el Consejo General valora positivamente algunas medidas incluidas en el anteproyecto que apuntan al desarrollo profesional del farmacéutico. Entre estas, se destaca la posibilidad de actuar en determinados supuestos sobre medicamentos de primera prescripción, la incorporación de farmacéuticos en comités de coordinación farmacoterapéutica en las Zonas Básicas de Salud, y el reconocimiento a su papel en la dispensación de presentaciones equivalentes.

Estas propuestas, según el Consejo, van en sintonía con sus demandas históricas y suponen una ampliación de las competencias profesionales, además de contribuir a aliviar la presión sobre la atención primaria. No obstante, advierten que estos avances solo serán posibles si se garantiza un modelo sostenible para las farmacias comunitarias.

Aguilar concluye con un mensaje claro sobre la necesidad de un equilibrio entre el papel asistencial de las farmacias y su viabilidad económica: «Sólo una farmacia social, accesible y económicamente viable permitirá aprovechar el potencial de la profesión farmacéutica al servicio del Sistema Nacional de Salud, ampliando sus capacidades asistenciales y garantizando la equidad en el acceso a los medicamentos. Sin sostenibilidad económica, no hay desarrollo profesional posible».