El Supremo de EE.UU. avala el derecho de todos a denunciar discriminación, incluidos blancos y heterosexuales

En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reforzado el principio de igualdad ante la ley al eliminar barreras que dificultaban a los miembros de grupos mayoritarios –como personas blancas o heterosexuales– presentar demandas por discriminación laboral. El fallo subraya que la protección frente a la discriminación no distingue entre minorías y mayorías, garantizando los mismos derechos a todos los individuos sin importar su origen, raza u orientación sexual.

El caso que dio pie a esta sentencia fue el de Marlean Ames, una mujer blanca, heterosexual y de 60 años, quien demandó al Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio. Ames alegó que fue despedida en favor de un compañero homosexual y posteriormente se le negó un ascenso que fue concedido a otra colega lesbiana, ambas, según su versión, con menos méritos profesionales. Afirmó también que su superior –homosexual– habría favorecido a estos empleados por razones ajenas al desempeño laboral.

Hasta ahora, muchas cortes exigían a los demandantes que no pertenecen a minorías demostrar indicios específicos de prejuicio, como patrones estadísticos o comentarios directos que evidenciaran una animadversión hacia su grupo. Sin embargo, el Supremo ha concluido que ese requisito adicional carece de base legal y supone un trato desigual ante la justicia.

La opinión del tribunal fue redactada por la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson, quien enfatizó que la ley contra la discriminación en el trabajo –concretamente el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964– protege a todos por igual. «Al referirse a ‘individuos’, el Congreso dejó claro que las protecciones no dependen de si alguien pertenece a un grupo minoritario o mayoritario», subraya el texto del fallo.

Esta decisión marca un precedente importante, ya que pone fin a una interpretación judicial que, en la práctica, limitaba el acceso de ciertos ciudadanos a una defensa plena de sus derechos laborales. El Supremo, con esta sentencia, reconoce que cualquier persona puede ser víctima de discriminación, sin importar su perfil, y que todos tienen derecho a que sus quejas sean evaluadas sin condiciones adicionales.

El caso se produce en un contexto de creciente debate en Estados Unidos sobre las políticas de diversidad e inclusión en entornos laborales y académicos. La sentencia refuerza la idea de que la igualdad debe ser efectiva y aplicable a todos por igual, evitando desequilibrios en nombre de la justicia social.

El año pasado, el mismo tribunal ya sentó jurisprudencia en esta dirección al declarar inconstitucional la discriminación positiva por razones raciales en los procesos de admisión universitaria. Aquella decisión abrió la puerta a múltiples demandas contra empresas e instituciones que aplican políticas de preferencia a determinados colectivos.

Con esta nueva sentencia, el Tribunal Supremo ratifica un principio esencial del derecho: que la justicia no debe operar con doble vara. Discriminar a alguien por pertenecer a un grupo mayoritario es tan inaceptable como hacerlo por ser parte de una minoría. El fallo representa un avance hacia una protección igualitaria y efectiva frente a cualquier forma de trato injusto en el ámbito laboral.