Crece el pulso de los veterinarios al Gobierno: «La ley afecta al bienestar y a la salud de los animales»

Los profesionales veterinarios no entierran el hacha de guerra contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez y, en concreto, contra el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas. Todo a cuenta del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que califican de medida «injustificada y desproporcionada».

Según los afectados, se trata de una legislación «restrictiva a la hora de medicar a los animales que puede poner en riesgo su salud», ya que desde su entrada en vigor tienen la obligación de registrar oficialmente —a través de la herramienta informática PresVet— la prescripción de todos los antibióticos dispensados a mascotas, lo que entorpece, burocratiza y ralentiza la administración de fármacos a los animales.

La norma persigue el fin de endurecer el control del uso de antibióticos como parte de una lucha contra la resistencia microbiana, ya que estos seres microscópicos cada vez son más resistentes a los fármacos. No obstante, la forma de implementarlo hace que para administrar un tipo concreto de antibiótico sean necesarias pruebas como un cultivo o un antibiograma, algo que retrasa el inicio de la medicación en días cruciales y que, además, tal y como remarca a El Debate la veterinaria María Julia Sánchez, repercute directamente en el bolsillo de los dueños, que tendrán que costear esas pruebas extraordinarias. «Es una normativa que han hecho sin tener ni idea de cómo funciona una clínica veterinaria», acentúa.

Desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), su presidente en Madrid, José Ramón García, explica a este periódico que la ley obliga a los veterinarios a hacer una comunicación de cada antibiótico «con una presunción de culpabilidad», y destaca que las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros.

García recuerda que el 95 % de los antibióticos los prescriben los médicos «y ellos no tienen limitaciones», ya que se les presupone profesionalidad, por lo que considera que esta norma pone en riesgo la profesión veterinaria y su código deontológico. Asimismo, resalta que con esta vía se pone en riesgo a las mascotas, ya que no se puede tratar a pacientes con enfermedades serias y se pierde mucho tiempo con la burocracia.

Manifestaciones y huelga general

Por todo ello, los profesionales llevan desde principios de este año manifestándose para que el Ejecutivo cambie el decreto. Ante el inmovilismo de Planas, los protagonistas no se rinden y este sábado y domingo llenarán las calles de toda España, con concentraciones convocadas en las capitales de 40 provincias españolas. «No es solo un problema para los veterinarios, es un conflicto que afecta al bienestar y a la salud de todos animales, con importantes ramificaciones para la salud pública de las personas», señala la presidenta del Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV), Inmaculada Ibor.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), Felipe Vilas Herranz, ha explicado a Europa Press que, con estas concentraciones, buscan «dar continuidad a la lucha». Asimismo, piden la dimisión del ministro del ramo, Luis Planas, porque es «el máximo responsable de este tema»: «Que diga al director competente que solucione esto», ha demandado.

Además de las movilizaciones de este fin de semana, desde el COLVEMA van a plantear en el Comité de Crisis la posibilidad de realizar una huelga general: «No entendemos por qué el PSOE se está tapando los oídos para atender a los veterinarios», ha denunciado.