Del activismo al BOE: Sánchez bate récord de enchufes a cargos de entidades feministas y LGTBI

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en el año 2018, el enchufismo se ha consolidado como una de las insignias de Moncloa, especialmente cuando se trata de personas que, viniendo del activismo, ya sea climático, feminista o LGTBI, alcanzan altos cargos dentro del Ejecutivo central que el líder socialista rige.

Gracias a este fenómeno que impera actualmente en la Administración, muchas activistas han dejado la pancarta para empezar a ostentar cargos públicos con sueldos pagados por todos los españoles. Un ejemplo de esta dinámica es Beatriz Gimeno, histórica activista que presidió la FELGTB entre 2003 y 2007 y que durante los años 2020 y 2021 fue nombrada directora del Instituto de la Mujer por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

Durante su mandato se centró principalmente en los debates identitarios, ignorando por completo cuestiones esenciales que conciernen a la mujer como la igualdad laboral o la problemática de la violencia de género. En esta línea, Gimeno, estrechamente vinculada a Podemos, fue acusada de promover la ideologización del Instituto de la Mujer y priorizar el activismo sobre los temas más relevantes para el sexo femenino.

Del mismo modo, Boti García Rodrigo, activista que también había dirigido la FELGTB y muy cercana a los entornos de Izquierda Unida (IU), fue nombrada en el año 2020 directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, cargo que ostentó hasta el año 2023. García Rodrigo es conocida por defender los contenidos sexuales en ámbitos educativos desde temprana edad.

Asimismo, en el año 2021 la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, incluyó en su equipo a la activista de derechos humanos Violeta Assiego como directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. El propio ministerio reconoció en su momento que el nombramiento buscaba «abrir una nueva etapa en la que el feminismo y la sociedad civil jueguen un papel clave en el desarrollo de las políticas de transformación y futuro en la sociedad». Durante su mandato promovió el «modelo de consentimiento afirmativo» en la protección infantil, criticado por algunos juristas por su falta de concreción legal.

Por otro lado, y ya con la socialista Ana Redondo como ministra de Igualdad, la activista Isabel García Sánchez, que también había ostentado cargos en el PSOE de la Comunidad Valenciana, fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres en el año 2023, puesto que recibió entre críticas por su postura contraria a la Ley Trans. En el año 2024 fue destituida por un supuesto lucro mediante supuestos contratos adjudicados por administraciones socialistas para la gestión de los 'Puntos Violeta' y en programas en materia de igualdad y feminismo.

Cristina Hernández Martín fue la elegida para sustituir a García Sánchez tras los escándalos. La actual directora del Instituto para las Mujeres proviene del PSOE y es conocida por su activismo en materia de feminismo, trabajando como asesora para ONG, así como para diferentes políticos socialistas como Adriana Lastra en el momento en el que ésta ostentaba el cargo de vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Además, fue asesora de la anterior secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista y de la Ejecutiva Federal del PSOE.