Montero gastó 50 millones en mover a toda prisa los datos de las pulseras de maltratadores antes de su cese

El 21 de noviembre del año 2023, la cartera de Igualdad pasó de las manos de Irene Montero a las de la actual ministra, la socialista Ana Redondo. Antes de que se efectuara el cambio en el organigrama del Gobierno, Montero licitó un contrato en el que traspasaba el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género a través de pulseras de Telefónica a Vodafone.

En este traspaso, tal y como ha revelado esta semana la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, provocó un fallo en el sistema informático que dejó un «vacío informativo» que ha supuesto «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían acceder a la información sobre sus movimientos.

Según consta en el anuncio de licitación del contrato, consultado por El Debate, el importe adjudicado a Vodafone para el seguimiento de las pulseras fue de 50.075.078,29 euros y el contrato se tramitó de urgencia, ante la posibilidad de que Montero no revalidase su puesto como ministra de Igualdad.

Tal y como reza la memoria económica del contrato, este «viene a satisfacer la necesidad administrativa de gestión del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento, para garantizar el control del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género impuestas por los órganos judiciales, mediante aparatos electrónicos, con la finalidad fundamental de hacer efectivo el derecho de las víctimas de violencia de género a su seguridad y protección».

El Debate informó ya en julio del año 2023 que la licitación se produjo después de que la que fuera delegada del Gobierno en Violencia de Género, Victoria Rosell, emitiera un certificado en el que admitía que «la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género carece de los medios personales necesarios para la prestación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos».