Igualdad conocía el fallo en las pulseras antimaltrato y lo ocultó: «Muchos agresores podrán quedar absueltos»

La Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado ha revelado recientemente un fallo en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género a través de las pulseras de maltratadores que ha provocado una pérdida de datos, derivando así en el sobreseimiento de causas judiciales y, por tanto, la impunidad de los agresores.

Según ha explicado a El Debate un un fiscal especializado en violencia de género –que prefiere mantenerse en el anonimato–, «a nivel penal, la orden de protección implica la implantación de la pulsera telemática. Normalmente, a él se le coloca el dispositivo en el tobillo y a ella en la muñeca. Ambos funcionan como un GPS, ya que si él se acerca a menos de la distancia establecida, salta una alarma en un sistema llamado Cometa», herramienta que ha fallado según la Fiscalía General del Estado.

En ese momento, ese sistema envía información puntual al juzgado correspondiente, advirtiendo de la aproximación indebida. Los informes de Cometa llegan habitualmente a los juzgados. «Cuando llega ese aviso, primero comprobamos si se trata de una aproximación real o de una situación fortuita. Por ejemplo, en una ciudad pequeña, puede suceder que se crucen en un bar o en la calle sin intención. Por eso, no siempre que salta el aviso se abre un procedimiento penal por quebrantamiento, hay que valorar las circunstancias», expone en conversación con este medio.

«El problema que ha surgido ahora es que el sistema Cometa falló y no se enviaron los avisos. Eso significa que los juzgados desconocían si las mujeres con orden de protección estaban en peligro. La consecuencia penal es grave, ya que muchos procedimientos por quebrantamiento de condena no podrán celebrarse, y en muchos casos los agresores podrían quedar absueltos», resalta este fiscal.

Asimismo, sostiene que en un juicio por quebrantamiento la única prueba que tienen los fiscales en estos casos es la declaración de la víctima, que al ser contradictoria con la versión del agresor necesita de algún otro elemento acusatorio. «Ese elemento suele ser el informe de Cometa. Si lo tengo, es un dato objetivo. El acusado puede negar los hechos o acogerse a su derecho a no declarar, pero el fiscal puede rebatirlo con el informe. Al haber fallado el sistema, esa prueba desaparece y la acusación se debilita», advierte el jurista a este medio.

Al haber fallado el sistema, esa prueba desaparece y la acusación se debilita

La consecuencia, agrega el fiscal, «es que durante el periodo en el que falló Cometa muchos juicios quedarán archivados. Dicen que ya está solucionado, pero mientras tanto la justicia pierde herramientas clave. En vía penal muchos casos de quebrantamiento no podrán prosperar y se archivarán», asegura.

Por otro lado, una fuente que perteneció a Igualdad ha confirmado a este medio que el Ministerio que rige Redondo era consciente del problema, pero que se ocultó: «Se avisó desde el Observatorio de la Violencia, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde distintos juzgados y desde asociaciones de mujeres. También creo que avisó la propia Fiscalía. Hubo muchísimas alertas, igual que ocurrió con la ley del 'solo sí es sí'», asegura.

Falta de técnicos en Igualdad

Elena Ramallo, doctora en Derecho y experta en violencia de género, ha sentenciado en conversación con El Debate que «las políticas de igualdad se han vaciado de contenido», ya que «nunca se ha tomado la violencia contra las mujeres con la seriedad necesaria para desarrollar políticas efectivas», asegura. A su juicio, el mayor error del Ministerio de Igualdad es que Nombran a políticos sin formación técnica, cuando lo que hace falta son expertos. Ese es el gran error: las decisiones políticas se imponen siempre sobre las profesionales

«¿Has visto alguna vez a un técnico en el Ministerio? Nunca. La actual secretaria de Estado no tiene ni idea. El otro día, en la presentación de una campaña, llegó a cuestionar lo que es ser mujer, en un acto que se suponía dirigido a concienciar a los hombres sobre cómo tratar a las mujeres. La delegada de violencia de género es magistrada, sí, pero en narcotráfico. Nadie en el Ministerio tiene conocimientos específicos de esta materia», denuncia Ramallo.

Además, esta doctora en Derecho lamenta ante este periódico que «todo lo que hemos visto en los últimos años, barbaridades jurídicas, reformas como la del 'solo sí es sí', ocurren porque los políticos deciden sin escuchar a técnicos ni valorar consecuencias. El problema de fondo es que no había juristas en el Ministerio con Irene Montero. Presumían de ello, pero las leyes se redactaban con asociaciones, no con expertos jurídicos. Y así salieron», concluye.