Médico haciendo una ecografía a una embarazada
Asturias saca a información pública el decreto que regula el registro de sanitarios objetores al aborto
Así lo ha confirmado la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias
El Gobierno asturiano tiene desde el pasado miércoles 15 de octubre sometido a información pública el decreto por el que se crea y regula el registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en el Principado de Asturias. Las aportaciones pueden enviarse hasta el 29 de octubre, informa Europa Press.
Así lo ha confirmado la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias, a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien ha preguntado por qué Asturias es una de las tres únicas comunidades autónomas que no tienen registro de médicos objetores en relación con la práctica de abortos, tal y como señala la ley.
Tras afirmar que a día de hoy el «derecho» al aborto está garantizado en Asturias, Saavedra ha dicho que el Gobierno asturiano está trabajando en el decreto, algo que ya estaba previsto para este año.
No obstante, ha relatado que con fecha 1 de septiembre, se enviaron unas instrucciones a las áreas, a los servicios asistenciales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley en lo relativo al registro de los profesionales objetores. A partir de esas instrucciones, la Consejería de Salud dictó una resolución el 6 de octubre de 2025 que fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 8 de octubre.
La mencionada resolución establece el procedimiento para la declaración de objeción de conciencia por parte del personal sanitario implicado en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.
El objetivo es ir creando ese registro de objetores mientras se tramita el decreto, que ya lo hará «de una manera más definitiva». La dirigente asturiana ha comentado que la finalidad del registro es planificar los recursos humanos y saber cuántos profesionales presentan esa objeción dentro del sistema público para poder organizar mejor.
«Quiero subrayar que este registro es de carácter confidencial, es voluntario y no tiene efectos sancionadores», ha dicho Concepción Saavedra en la mencionada comisión.