Mujer llorando
Las víctimas sin denuncia previa también podrán obtener acreditación por violencia sexual
Podrán ser solicitadas por mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual, así como por sus representantes legales
El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas aprobaron este lunes, en la Conferencia Sectorial, un procedimiento unificado para acreditar situaciones de violencia sexual. Este nuevo sistema busca facilitar a las víctimas el acceso a derechos, recursos y prestaciones.
La medida, incluida en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual –conocida como ley del «solo sí es sí»– también da cumplimiento al Convenio de Estambul y al Pacto de Estado contra la violencia de género.
El acuerdo establece que estas acreditaciones tendrán validez en todo el territorio nacional y podrán ser solicitadas por mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual, así como por sus representantes legales.
Podrán obtener esta acreditación tanto víctimas que no hayan denunciado como aquellas cuyos procesos judiciales hayan sido archivados o estén en curso. También se contempla a quienes cuenten con sentencias condenatorias ya firmes e incluso con penas extinguidas desde hace más de cinco años. Además, podrán solicitarla quienes tengan sentencias absolutorias, no hayan podido demostrar los hechos, hayan visto denegada una orden de protección o retirado una denuncia.
El certificado administrativo tendrá una validez de cinco años desde su emisión –o desde que la víctima alcance la mayoría de edad si se emitió siendo menor– y podrá renovarse una vez expirado.
Antes de alcanzar este acuerdo, Igualdad celebró ocho reuniones de trabajo con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Paralelamente, el Ministerio ha colaborado con Justicia en una instrucción, publicada el 28 de octubre, para garantizar que los letrados de la Administración de Justicia comuniquen los casos de violencia sexual a los puntos de referencia autonómicos, tal como ya ocurre con la violencia de género.
Desde 2023, Igualdad dispone de una partida presupuestaria específica para financiar ayudas económicas destinadas a apoyar la recuperación de las víctimas.
Además de la acreditación administrativa, seguirán siendo válidos como documentos acreditativos las sentencias condenatorias, órdenes de protección, resoluciones judiciales que reconozcan la existencia de violencia sexual o acuerden medidas cautelares, así como los informes del Ministerio Fiscal que indiquen indicios de violencia sexual.
En la Conferencia Sectorial también se abordaron otros asuntos: la incidencia técnica registrada en las pulseras telemáticas para maltratadores el 11 de noviembre –subsanada ese mismo día–, la revisión de los últimos casos de violencia de género analizados en el comité de crisis del 12 de noviembre y el avance normativo en materia de violencia vicaria.
