Una sociedad del exgerente del CNIO aparece en la trama que investiga Anticorrupción por el saqueo de 25 millones destinados al cáncer

Juan Arroyo, exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) durante más de dos décadas, aparece directamente conectado con el entramado societario que investiga la Fiscalía Anticorrupción por el presunto saqueo de 25 millones de euros públicos destinados a combatir el cáncer.

El Debate ha localizado una sociedad vinculada a Arroyo que mantiene nexos relevantes con las empresas que recibieron contratos millonarios del CNIO y que forman parte de la red bajo sospecha. La aparición de esta sociedad no solo amplía el mapa de conexiones que analiza el Ministerio Público, sino que coloca al gerente, que ha sido cesado este martes, dentro del perímetro económico del entramado.

Tal y como ha podido saber este periódico, Arroyo será citado a declarar en las próximas semanas para aclarar su relación con estas sociedades y su papel en la operativa que permitió la salida irregular de fondos del centro.

La mercantil que sitúa al exgerente en el foco de Anticorrupción es Barrantes y Asociados Consultores SL, una empresa cuyo papel había pasado desapercibido hasta ahora. Durante años, la sociedad permaneció en silencio y sin actividad relevante, pero su propio domicilio social ha acabado delatando su importancia dentro del esquema. La sede actual de Barrantes y Asociados se encuentra en un bajo de la calle Don Quijote de Madrid, un inmueble que ya había aparecido repetidas veces en las informaciones de este periódico como el epicentro de sociedades del entramado. En ese mismo lugar también se localiza Zeus Iniciativas de Proyectos SL, que recibió 1,5 millones de euros en contratos del CNIO pese a su escasa solvencia y cuyo crecimiento depende en un 98 % de los contratos adjudicados por este organismo público.

Zeus, fundada por un estrecho colaborador del gerente y vinculada a personal del área técnica y administrativa del CNIO, fue beneficiaria de contratos de mantenimiento, servicios informáticos, digitalización y proyectos internos que se adjudicaron sin concurrencia y mediante el uso reiterado del procedimiento de contrato menor. Este modus operandi permitió durante años adjudicar cuantías significativas sin control externo ni competencia real, práctica que la Fiscalía investiga como posible fraccionamiento indebido de contratos y como parte de una operativa diseñada para ocultar el desvío sistemático de fondos. Que la sociedad familiar del exgerente comparta sede con Zeus resulta un dato relevante para Anticorrupción, porque se trata del mismo domicilio y la misma red de relaciones.

Usa a su familia como pantalla

A día de hoy, Barrantes y Asociados Consultores SL figura a nombre de José Luis Arroyo Muñoz, hermano del gerente, y de Ana María Guerrero Mayllo, ex esposa del propio Arroyo. La presencia conjunta de ambos consolida esta empresa como una sociedad familiar controlada por el entorno directo del gerente. Aunque formalmente Arroyo ya no aparece como administrador, la documentación mercantil y los movimientos patrimoniales recientes sitúan al alto cargo en el centro de la operativa. De hecho, esta sociedad se utilizó para adquirir un piso en el centro de Madrid el 2 de octubre de 2023, una operación que incrementa las sospechas de que la empresa habría servido como instrumento patrimonial de la familia. El inmueble está situado a pocos metros de la calle Bravo Murillo, donde también se localizaron otras sociedades vinculadas al entramado.

La conexión de Barrantes y Asociados con el entramado no se reduce a una coincidencia postal. La pauta que investiga Anticorrupción encaja plenamente con las circunstancias que rodean esta empresa familiar. El Debate ya reveló en diciembre de 2024 que la entonces directora del CNIO, María Blasco, había adjudicado 16,3 millones de euros a empresas con vínculos directos con Arroyo y otros cargos del centro. Empresas como Alaos ITL SL, Solmeglas SL, Gedosol Soluciones Globales SL o la propia Zeus recibieron contratos millonarios en un sistema de adjudicaciones que mostraba claras señales de dirección interna y falta de competencia. Muchas de estas compañías compartían dirección en Don Quijote o en un piso ubicado en la calle Bravo Murillo, propiedad de Arroyo.

El Ministerio Público también investiga si ese conglomerado empresarial operó como un circuito cerrado. Es decir, empresas vinculadas al personal del CNIO que recibían contratos del propio centro, facturaban conceptos inflados o genéricos, y destinaban parte de los fondos a movimientos patrimoniales ajenos a la actividad científica o de gestión. El fraccionamiento de contratos, la adjudicación reiterada a los mismos proveedores y la existencia de facturas sin descripción concreta forman parte de las diligencias abiertas. La aparición de una sociedad adicional vinculada al gerente no solo amplía el número de empresas bajo análisis, sino que introduce una conexión directa entre la cúpula administrativa y el corazón del entramado.

En paralelo al avance de la investigación, el CNIO ha procedido este martes a cesar a Juan Arroyo. Su salida se produce tras Anticorrupción comenzar a investigar el desvío de 25 millones de euros. La destitución del gerente sigue la línea trazada por el relevo de María Blasco, cuya marcha se produjo a raíz del descubrimiento de las irregularidades en las adjudicaciones. Con el cese de Arroyo, la institución intenta contener los daños internos mientras la investigación judicial avanza y se revisa la responsabilidad de los distintos cargos que intervinieron en la cadena de contratación.