Las feministas afean al Gobierno los retrocesos en igualdad en 2025: «No ha estado a la altura»

Organizaciones feministas (Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Federación Mujeres Jóvenes) han alertado de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025.

En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia en declaraciones a Europa Press una «acumulación de déficits en la gestión pública», marcado por fallos en servicios esenciales «sin explicaciones inmediatas y suficientes», así como por «incumplimientos reiterados» de compromisos legislativos y un «control deficiente» del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

También critica la «falta de transparencia» en la aplicación de determinadas normas, lo que para la organización «dificulta de manera objetiva su evaluación y limita la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para realizar una valoración fundada de sus efectos reales».

Asimismo, indica que los fallos registrados en el sistema de pulseras para maltratadores «evidencian graves deficiencias» en el contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

«Dicho contrato presentaba lagunas que permitieron el traspaso del servicio de una empresa a otra sin las garantías técnicas y de control necesarias para un dispositivo que afecta directamente a la seguridad de mujeres en situación de riesgo extremo», subraya.

Igualmente, señala que esta «debilidad contractual» no es «problema menor», ya que «se trata de un servicio crítico cuya interrupción o mal funcionamiento tiene consecuencias directas sobre la protección de las víctimas y sobre la confianza en el sistema institucional de respuesta frente a la violencia machista».

Una vez identificados los problemas derivados del contrato, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que «la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación», ya con la socialista Ana Redondo al mando.

«Era imprescindible una comparecencia inmediata para ofrecer explicaciones, tranquilizar a las víctimas y trasladar pautas claras de actuación mientras se resolvían los problemas técnicos. Resulta igualmente negativa la tardanza en la elaboración de un informe exhaustivo que identifique con precisión dónde se produjeron los fallos y si existe responsabilidad por parte de la empresa adjudicataria. A día de hoy no se ha aclarado si se han activado las salvaguardas previstas en el contrato ni si se aplicarán las sanciones correspondientes», indica.

Retraso de la ley de trata

Por otro lado, la organización destaca que el retraso con la ley contra la trata «resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar».

En la misma línea, reprocha al PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, que no esté explorando otras mayorías parlamentarias que permitirían avanzar en la lucha contra la explotación sexual, «lo que impide conocer la posición de la derecha española en esta materia».

También recalca la «absoluta falta de transparencia» del impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. «Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales», asevera la organización.

De la misma manera, precisa que se ha documentado «un número creciente» de casos en los que hombres que se autoidentifican como mujeres han utilizado esa oportunidad para obtener beneficios o ventajas en el ámbito de la violencia contra las mujeres, desvirtuando los mecanismos de protección diseñados para corregir una desigualdad estructural basada en el sexo«. »Negar la existencia de estos casos o calificarlos de anecdóticos no contribuye a fortalecer las políticas públicas, sino a debilitarlas, y supone una falta de respeto tanto a las víctimas como al principio de evaluación rigurosa de las leyes", apunta.

Respecto a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres detalla que el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido información pública sobre en qué casos ha exigido la devolución de dinero usado incorrectamente ni qué criterios ha aplicado para fiscalizar su correcta utilización.

Para la organización, «esta falta de control efectivo y de rendición de cuentas consolida una pauta preocupante de permisividad institucional». Así, afea al departamento que dirige Ana Redondo que no haya actuado «con la firmeza necesaria» para garantizar que los recursos públicos destinados a combatir la violencia machista se empleen realmente con ese fin.

«La ausencia de sanciones claras y de informes públicos debilita el Pacto de Estado, erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido una de las principales herramientas consensuadas contra la violencia hacia las mujeres», insiste.