Los grandes fallos de Ana Redondo en un polémico año: fallos de pulseras antimaltrato y juzgados colapsados

A pesar de la autopromoción diaria del Ejecutivo español, la realidad es que nos encontramos a punto de cerrar un controvertido año en lo que a la materia de Igualdad se refiere. Si bien, el año no ha estado exento de polémicas, como la ocurrida con las pulseras telemáticas para maltratadores.

En este sentido, la Fiscalía del Estado alertó este año en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

A pesar que desde el Ministerio de Igualdad aseguraron en septiembre que las «incidencias técnicas puntuales» que se produjeron en los dispositivos fue como consecuencia de la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio, la realidad es que la figura de Ana Redondo está más en entredicho que nunca.

Asimismo, en el mes de noviembre, el sistema volvió a sufrir una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias. «Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta», apuntó.

Este 2025 también ha estado marcado por las nuevas competencias de los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que, a partir de octubre, asumieron los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer. Hasta ese momento solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas. Sin embargo, esta nueva medida acabó llevándose a cabo a pesar de la advertencia de «colapso» de los jueces, que aseguraron que la labor sería «inasumible».

En esta línea, magistrados de Violencia sobre la Mujer han alertado en diferentes ocasiones de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.

«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta 'reforma a coste cero' vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», apuntaron.

También consideraron que la respuesta que se dará a las víctimas será «más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», poniendo de manifiesta la nula capacidad del Ejecutivo para proteger a las víctimas.