Los obstáculos que ha creado este año el propio Gobierno y que ponen en peligro a las mujeres

En materia de violencia de género, este año 2025 acaba como uno de los más negros para el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, para el Ministerio de Igualdad que rige Ana Redondo. Con 46 mujeres asesinadas y las agresiones sexuales en ascenso, las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para erradicar esta lacra social no han hecho nada más que generar inseguridad entre las mujeres víctimas de violencia y colapsar los Juzgados de esta rama.

En un año que debería haber estado marcado por la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género o por la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria, una serie de polémicas han opacado los avances en la protección de las mujeres.

En septiembre de este año la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguraron en septiembre que las «incidencias técnicas puntuales» que se produjeron en los dispositivos fue como consecuencia de la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio. Además, afirmaron que «fueron solventadas». La realidad, según ha ido desvelando este medio, es que a día de hoy, las pulseras siguen fallando.

«La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia», defendió falsamente el departamento que dirige Ana Redondo.

El Ministerio de Igualdad también recalcó en diferentes ocasiones que las víctimas siempre habían estado protegidas. Después de lo sucedido, Redondo encargó una auditoría externa y otra interna para investigar lo sucedido. Además, la ministra aseguró que se iban a licitar nuevas pulseras, contratación que todavía no ha visto la luz.

En medio de esta vorágine en el Ministerio de Igualdad, en el mes de noviembre, el sistema volvió a sufrir una incidencia que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias. «Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta», apuntó.

Más carga a los Juzgados de Violencia

Este 2025 también ha estado marcado por las nuevas competencias de los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que, a partir de octubre, asumieron los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer. Hasta ese momento solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas.

Así lo marcó la entrada en vigor del precepto contenido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

Para atender a esta carga de trabajo (del 12,9 % de media según el Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42 %.

La asunción de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se produjo después de la advertencia de «colapso» de los jueces, que aseguraron que la labor sería «inasumible».

En esta línea, magistrados de Violencia sobre la Mujer han alertado en diferentes ocasiones de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.

«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta 'reforma a coste cero' vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», apuntaron.

También consideraron que la respuesta que se dará a las víctimas será «más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», lo «contrario» a lo que pretende el Ejecutivo.