Indonesia aprueba un nuevo código penal con penas de cárcel por sexo fuera del matrimonio

Un nuevo código penal ha entrado en vigor este viernes en Indonesia, introduciendo penas de prisión para quienes mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, promuevan la apostasía o difundan información falsa.

Esta nueva legislación, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2022, establece penas de hasta un año de cárcel por relaciones sexuales entre personas no casadas, y de seis meses para aquellas parejas que convivan sin haber contraído matrimonio. No obstante, en estos casos, la actuación policial solo podrá producirse si los infractores son denunciados por familiares directos –padres, hijos o cónyuges legales–, lo que en la práctica exime a los turistas extranjeros de estas disposiciones. Indonesia, país con la mayor población musulmana del mundo y considerada la tercera democracia más grande del planeta, recibió en 2025 más de siete millones de visitantes internacionales en la isla de Bali.

En paralelo, el código penal contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan deliberadamente noticias falsas que provoquen disturbios, abriendo la puerta a medidas legales contra quienes el Gobierno considere desestabilizadores, ya sea en el ámbito político o económico.

Asimismo, se establecen penas de hasta cuatro años de cárcel por incitar públicamente al ateísmo o al abandono de la religión, especialmente si se utilizan amenazas o coacciones. También se penaliza con hasta tres años de prisión el acto de «atacar el honor» del presidente o del vicepresidente del país, aunque en estos casos solo se procederá si hay una denuncia previa de los propios afectados.

Pese a que el texto legal excluye de sanción la crítica con fines de interés público, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado sobre el riesgo de que estas disposiciones se utilicen para silenciar a la prensa independiente y limitar el debate democrático.

Entre las novedades más llamativas, se mantiene la criminalización de la promoción del comunismo y se introduce una nueva figura penal que castiga con hasta 18 meses de prisión a quienes aseguren tener poderes sobrenaturales y los empleen para dañar a otros.

Estas reformas han sido duramente cuestionadas por entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que ya en 2022 denunciaron su carácter regresivo. Su entrada en vigor este viernes ha reavivado el debate, generando un nuevo escrutinio sobre su compatibilidad con los derechos fundamentales.

Indonesia, nación de tradición secular y diversidad religiosa, se rige por la ideología del «Pancasila», adoptada tras su independencia de los Países Bajos en 1945. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la presencia de movimientos islamistas y una creciente influencia de la religiosidad en la vida pública. Varias organizaciones han expresado su preocupación por lo que consideran un proceso de «islamización» del país, que muchos pensaban superado tras el régimen autoritario de Suharto, entre 1967 y 1998.

Frente a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, defendió el nuevo código como una herramienta para ampliar las alternativas a la prisión, subrayando que incluye «servicios comunitarios y rehabilitación médica y social para consumidores de drogas» con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria. En relación con el delito de sexo extramarital, destacó que su persecución requiere denuncia por parte de familiares cercanos, lo cual, según precisó, pretende «evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado».