El Gobierno colapsa una a una todas las entidades que protegen a la mujer: «Es oxígeno para las mafias»

El Consejo de Ministros de este martes 27 de enero aprobó un Real Decreto pactado previamente con Podemos con el objetivo de regularizar a medio millón de inmigrantes que residen en España. Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han alertado de que esta nueva medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede conllevar el colapso de las unidades policiales de Extranjería, que son las encargadas, entre otras funciones, de la trata de blancas.

A juicio de este sindicato, la tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán, principalmente, sobre unas unidades de Extranjería que ya se encuentran saturadas en la mayor parte del territorio nacional.

Las Brigadas y Grupos de Extranjería trabajan actualmente con plantillas ajustadas, agendas colapsadas y una elevada carga burocrática. Es por eso que asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales implicará retrasos, acumulación de trámites, menor capacidad de control y una merma evidente en otras funciones esenciales, como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental.

Este colapso de una de las unidades más importantes para la protección de las mujeres se suma a otros organismos y entidades a quienes el Gobierno ha impuesto una carga de trabajo inasumible y que ralentiza e impide una protección real y efectiva de las mujeres, especialmente las más vulnerables.

A finales de septiembre del 2025, un total de 123 jueces firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaban el «colapso» de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, a partir del 3 de octubre se vieron obligados a asumir las competencias de los delitos sexuales fuera de la pareja, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

En el texto los magistrados pusieron de manifiesto la saturación en los tribunales, negaron que se hubieran incrementado en un 50 % el número de plazas como prometió el Ministerio de Justicia y aseguraron que la labor es completamente «inasumible».

Por otro lado, las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, servicio policial especializado integral que investiga y protege a víctimas de violencia de género, doméstica y sexual, también se encuentran completamente colapsadas.

«En mi unidad somos cuatro personas. Es un sitio pequeño y, aun así, no damos abasto. En Madrid es peor. Hay dos personas encargadas de 150 o 160 víctimas. Así, tu trabajo nunca va a estar bien hecho», reveló recientemente una agente de la UFAM en conversación con El Debate.

Aunque desde la UFAM piden refuerzos, el Gobierno hace oídos sordos. «No nos hacen caso. El catálogo de personal es el mismo desde antes de 2008. No es adecuado. En mi unidad el cupo está lleno y solo somos cuatro. Tocamos a unas 60 víctimas por cabeza, y no me puedo quejar, porque la situación en otra unidades es mucho peor».