Decenas de personas durante la Marcha Sí a la Vida de Madrid el pasado 23 de marzo
El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia llama a la sociedad a plantar cara a la ofensiva proaborto de la UE
El próximo 25 de febrero la UE decidirá si financia que las mujeres viajen de un país a otro para ser sometidas a un aborto
La Comisión Europea decidirá el próximo 25 de febrero de 2026 sobre la forma de apoyar la iniciativa ciudadana 'My Voice My Choice' que propone financiar abortos transfronterizos con fondos europeos.
En concreto, la iniciativa ha solicitado que mujeres viajen a Estados donde la legislación sobre el aborto es más permisiva cuando en su país de origen no puedan hacerlo legalmente. Así, por ejemplo, una mujer española que supere el plazo legal para abortar en España (entre las 14 y las 22 semanas) podría desplazarse a los Países Bajos y someterse allí a un aborto con financiación procedente del Presupuesto comunitario, es decir, del dinero de los contribuyentes europeos. Del mismo modo, una mujer polaca que desee abortar a un hijo con síndrome de Down, práctica ilegal en Polonia, podría viajar a España para hacerlo con apoyo económico de la Unión Europea.
Esta medida tendrá como consecuencia la eliminación práctica de los límites jurídicos nacionales en materia de aborto, además de incentivar una armonización legislativa hacia los países con normativas más laxas. Este objetivo ha sido reconocido abiertamente por los promotores de la iniciativa, dispuestos a que el aborto se «normalice» primero en vía social, económica y finalmente jurídica (que el aborto sea un derecho).
En este contexto, el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ European Center for Law and Justice), Grégor Puppinck, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; al vicepresidente del Ejecutivo comunitario y exministro francés, Stéphane Séjourné; y al resto de los 25 comisarios europeos, en la que denuncia lo que considera una estrategia proaborto y una injerencia en la soberanía de los Estados miembros. En su misiva, Puppinck subraya que la Unión Europea no tiene competencias en materia de aborto, aunque sí las tiene en políticas de apoyo a la maternidad. También se alude en la carta a la falta de transparencia respecto de la financiación de la iniciativa 'My Voice My Choice', cuyos promotores han preferido ocultar.
Desde el ECLJ animan a todos los ciudadanos europeos a que también se dirijan directamente -cada uno en su propio idioma- a la presidenta y a los comisarios a través de sus emails oficiales publicados en las páginas institucionales de la Comisión Europea para expresar sus opiniones, experiencias y convicciones sobre el aborto, en un momento clave ante la inminente decisión de la Comisión. Señalan que el plazo para el pronunciamiento de la Comisión (25 de febrero) debería ser una razón que activase a toda la ciudadanía defensora de la vida de cada Estado miembro de la UE a manifestar con urgencia su rechazo ante la legalización obligada del aborto por la puerta de atrás, como se desprende de la iniciativa My voice my choice.
El ECLJ ha impulsado además en los últimos meses dos encuentros públicos en los que seis mujeres ofrecieron su testimonio personal sobre el aborto. Una de las participantes, Charlène, presentó el pasado 27 de enero de 2026 una petición formal ante el Parlamento Europeo con el objetivo de «reforzar el apoyo a la maternidad y proteger la dignidad de las mujeres y de los niños no nacidos en la Unión Europea». La iniciativa se apoya en el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el mecanismo previsto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta petición será examinada por una comisión del Parlamento Europeo, que deberá determinar si procede adoptar alguna iniciativa legislativa. En este contexto, dos miembros de dicha comisión, los eurodiputados Peter Agius (PPE) de Malta, y Paolo Inselvini (ECR) de Italia- han invitado a Charlène a comparecer ante la Eurocámara para exponer su caso.
El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia recuerda además que ninguna iniciativa ciudadana europea ha superado hasta la fecha los casi dos millones de firmas recabadas por 'One of Us' en una campaña lanzada en 2014 para reclamar la protección del niño no nacido desde la concepción. Aquella iniciativa fue rechazada por la Comisión Europea al considerar que la Unión carecía de competencias en materia de aborto, un argumento que, a juicio del ECLJ, debería aplicarse también al examen de 'My Voice My Choice'.
La batalla por la vida afronta uno de los momentos más difíciles de su andadura en la UE. En el momento actual las cartas de los ciudadanos a los comisarios y la colaboración de los medios de comunicación son el instrumento que poseemos para ayudar a visibilizar la voz de la sociedad civil que se declara provida, frente al uso habitual de estos medios para respaldar únicamente posiciones favorables a la ampliación del aborto.
La movilización social en estos momentos cumple varios objetivos: dar visibilidad mediática e institucional en favor de la maternidad, recordar públicamente a los responsables europeos que no tienen competencia para legislar sobre el aborto, y promover políticas de salud y apoyo a la maternidad y a la vida.
