El último señuelo electoralista de Sánchez costaría a las arcas públicas 20.000 millones al año

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo central pretende aprobar una «prestación universal por crianza» para el 100 % de las familias con hijos, la cual se incluye en un informe de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con 100 metas a cumplir en el año 2030.

En este sentido, el ministro ha dicho que hay «conocimiento» para poder desplegar la prestación por crianza y «evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil» en España. Esta medida se encuentra en las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se encuentran congelados desde 2023 y sin previsión de poder aprobarse este año.

La propuesta de una prestación universal por crianza también ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Precisamente, en el marco de la presentación de un estudio de UNICEF, titulado El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil, Rego aseguró que hay recursos para aplicar «de manera gradual» la prestación universal para la crianza de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años a cargo para atajar la pobreza infantil en España.

Según los últimos datos oficiales que constan en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022 había un total de 8.553.412 personas menores de 18 años residiendo en España. Si la ayuda llegara a ser de 200 euros por cada hijo, estaríamos hablando de una suma total de más de 20.000 millones de euros al año únicamente en este nuevo señuelo electoralista del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otras medidas del informe

Entre los 10 hitos principales que recoge la hoja de ruta del Ministerio destaca, además de la prestación por crianza, la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) en un 10 % (por debajo de la incidencia de la UE) «dando prioridad a medidas dirigidas a familias monomarentales (sic), las más afectadas con la situación de pobreza».

También se propone reducir la brecha salarial de género al 10 %, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55 % respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5 %; y aumentar en un 50 % la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada, prestando especial atención a las mujeres con discapacidad.

Asimismo, se busca promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio; lograr que el 100 % de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados para «reducir las resoluciones, garantizando la posibilidad de atención presencial para quienes lo necesiten», y reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9 % con atención especial a colectivos vulnerables.