La Asamblea por la Vida afirma que la defensa del no nacido exige «una reforma agravada» y no atajos legales

El próximo jueves día 26, el Consejo de Estado deliberará sobre el dictamen solicitado por el Gobierno, respecto al anteproyecto de ley que pretende, mediante una reforma constitucional, introducir el aborto como derecho en el artículo 43 de nuestra carta magna, que habla del derecho a la protección de la salud.

Varias asociaciones agrupadas en la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad han asegurado que nos encontramos ante «una iniciativa de extraordinaria gravedad jurídica e institucional». Con esta medida, pretenden forzar el texto constitucional y con ello, crear un «mal llamado derecho al aborto».

Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, ha afirmado que esto es «un fraude constitucional». Es decir, que lo han hecho «por la puerta de atrás». En este sentido, ha señalado que se trata de una institución muy importante en la historia y que es una pena que se haya utilizado una vez más por el Gobierno con estos fines. Asimismo, ha añadido que hay un mal mayor en este debate sobre la vida: la incomparecencia, y la peor de las incomparecencias, ha señalado, es «el silencio». Por lo que no tomar una decisión en defensa de la vida es, a su juicio, «un mal mayor».

Por todo ello, ha aseverado, a partir del jueves no se cierra una etapa, sino que se abre una nueva en la que no puede haber «una reacción de urgencia, sino un proyecto, una estrategia y unidad para defender la vida, ya que se trata de un debate largo en el que todas las asociaciones deben permanecer unidas». Más, ha concluido, en un contexto donde se pretende hacer del aborto una cuestión central en la Unión Europea.

Jesús Trillo-Figuero, abogado del Estado, ha señalado que si se incorpora el aborto en la Constitución Española por la vía del artículo 43, se estaría cometiendo «un auténtico fraude de ley constitucional». La Constitución, ha explicado, establece «la protección de la salud de todos».

En este sentido, ha recordado que hubo una primera versión de dictamen procedente de Miguel Herrero de Miñón en la que se afirmaba que, si se quería regular ese derecho, debía hacerse mediante la modificación de la Constitución y, por tanto, del artículo 15 (derecho a la vida). Además, ha expuesto, la sentencia indicaba que la mujer que elige el aborto está amparada por derechos fundamentales, en concreto el artículo 10, que reconoce la dignidad de la persona. Y es que, ha recordado, para modificar el artículo 15 habría que emplear la vía de reforma establecida en el artículo 168, que implica la disolución de las Cortes y no atajos legales, como sería el artículo 167.

Por último, ha reconocido que todo esto es un campo de demagogia y una cortina de humo para cubrir «todos los escándalos del Gobierno», ya que, según su criterio, «jamás será un derecho fundamental matar a un niño. Ahí está la ciencia para decir que es un ser humano con expectativas de vida».

Por su parte, el abogado Francisco La Moneda ha señalado que nos encontramos ante el intento de introducir «un derecho prestacional» que obligaría al Estado a actuar a través del artículo 43. Así, ha subrayado que el Consejo de Estado debe emitir un dictamen y que preocupa que, con independencia de la dificultad de la reforma por falta de mayoría, pueda producirse una sentencia. Además, ha señalado que «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no puede modificarse sin tener en cuenta los criterios establecidos previamente».

Carmen Sánchez Maíllo, secretaria académica del Instituto CEU de la Familia y miembro de la ACdP, ha señalado que la sociedad civil española tiene algo que decir. Ha recordado que la Asamblea por la Vida defiende la vida y la protege desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. También ha afirmado que todas las asociaciones buscan alzar la voz por quien merece nacer y rechazan que se consolide lo que consideran un «pseudoderecho».

Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, ha afirmado que hace un par de años una persona que había sido vicepresidente del Tribunal Constitucional reconoció que no había hecho todo lo posible para obtener una sentencia sobre «la posible inconstitucionalidad de la ley del aborto». El magistrado del Tribunal Supremo, ha recordado Latorre, lo decía con dolor, pero también con orgullo porque las asociaciones provida pidieron «la suspensión cautelar de la ley hasta que se resolviera el recurso» y él había hecho todo lo posible.

Tras esto, ha añadido unas palabras textuales del exvicepresidente del TC para referirse a esta situación: «Si cuando se habla del aborto se dijera que lo que se vota es la muerte dolorosa y violenta de un feto en vez de emplear eufemismos, las cosas se verían de otra manera». Por todo ello, ha señalado la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, estamos hablando del problema «más serio que tiene España» porque se habla del derecho a «quitar la vida a un inocente».

Y es que, ha afirmado, nuestras decisiones tienen consecuencias y es«muy triste lamentar no haber hecho lo que podíamos o perder la conciencia de lo que está bien y lo que está mal». Finalmente, ha apelado a la conciencia y responsabilidad «histórica y moral del Consejo de Estado».

Por último, ha considerado que el hecho de que algo sea legal no cambia la realidad de que, diariamente en España, bajo el amparo de la ley, se promueve el aborto.

Por último, el profesor Rémi Brague, que dará una charla en el Aula Magna del CEU San Pablo este martes a las 19:30 horas, ha recalcado dos puntos. En primer lugar, ha expresado que, como francés, le da vergüenza que, cuando en Francia se comete un error, España tiende a imitarlo.

En segundo lugar, ha afirmado que estamos ante «un problema que podría calificarse como fenomenológico» y que puede iluminar «la labor de las asociaciones provida». Así, ha explicado que existe una larga tradición cristiana de reconocer como humano aquello que otros no perciben plenamente como tal. En este sentido, ha puesto como ejemplo la esclavitud en el mundo antiguo, ya que para los griegos el esclavo perdía parte de su condición humana, mientras que los primeros cristianos defendieron que el esclavo era un hombre igual a los demás.

Por último, ha subrayado que lo que hacen las asociaciones provida es, a su juicio, continuar esa tradición. Es decir, mostrar y hacer visible lo humano allí donde otros no lo reconocen o lo perciben de manera parcial.