Asociaciones provida responden a Ana Redondo por su plan de blindar abortorios: «Seguiremos salvando bebés»

Las intenciones del Gobierno por llevar a lo más alto la cultura de la muerte son claras. El Ministerio de Igualdad continúa con su autodestructiva hoja de ruta. Ana Redondo, ministra de este departamento, ha anunciado que desde el Instituto de las Mujeres están estudiando la posibilidad de establecer «un perímetro de seguridad» en el entorno de los abortorios para evitar «la radicación, la ubicación de asociaciones antiabortistas» que lo único que pretenden es «accionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres».

Tras este anuncio, varias asociaciones han mostrado su indignación. Marta Velarde, presidenta de los Rescatadores Juan Pablo II y la asociación Más Futuro, comenta a El Debate que estamos «en una democracia» donde la gente puede expresarse, aunque sea «en contra de lo que quiera un Gobierno». Del mismo modo, afirma que esta no es «la forma de política que debería ser», donde personas que están dejando su tiempo, su vida y su dinero –porque nadie cobra– para salvar a un bebé que podría vivir, son «coaccionados y privados de su libertad de acción».

Asimismo, Marta Velarde subraya que esta falta de libertad ha costado mucho conseguirla, por lo que –pase lo que pase– van a seguir «salvando bebés» y trabajando por que se respete «el derecho que tiene una mujer a tener a su hijo».

Por su parte, Álvaro Ortega, presidente de Fundación +Vida, garantiza que establecer perímetros de exclusión como los que se pretenden implantar implica restringir «derechos fundamentales» como la libertad de expresión y de reunión, que están reconocidos constitucionalmente.

Ante el rechazo del Ejecutivo por ayudar a los más necesitados en materia de maternidad, el también director general de Fertilitas añade que el Gobierno debería preocuparse más por asistir a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social o económica, en lugar de ampliar prohibiciones a quienes, de manera privada, están supliendo «la labor asistencial que debería realizar el Estado».

Privar de libertad a las personas

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, la ministra Redondo ha indicado que el Ejecutivo trabaja en distintas líneas para reforzar la protección jurídica del aborto. Entre ellas, ha mencionado la intención de incorporarlo a la Constitución a través del artículo 43, relativo al derecho a la protección de la salud. En este sentido.

Después de esto, Álvaro Ortega resalta que la ley debe «proteger y no excluir». Y, en este caso, lo que se debería proteger es a la mujer embarazada en situaciones de dificultad. En este sentido, afirma que les preocupa especialmente que se introduzca una nueva limitación cuando el ordenamiento jurídico ya contempla «sanciones en caso de que alguien cometa una acción contraria a la ley». Por tanto, el objetivo del Gobierno va más allá: «Intenta privar de libertad e incluso detener a personas que ejercen su libertad en la vía pública», menciona el presidente de Fundación +Vida.

Nunca han tenido denuncias

Las palabras de Ana Redondo han sido claras. Para ella, blindar abortorios y establecer un perímetro para evitar protestas constituye «la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres».

Tras estas declaraciones, las asociaciones a favor de la vida han querido recordar a la titular de la cartera de Igualdad que, en las proximidades de los centros de aborto, las personas se limitan a rezar en silencio u ofrecer información y apoyo a mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Un ejemplo es Marta Velarde, que, tras muchos años de rescatadora y ayudando a estas mujeres, asegura que «todas las mujeres con las que hablan» las escuchan, les dejan su teléfono y sus datos.

Además, anota que ninguna mujer les ha dicho que se haya sentido coaccionada. Todo lo contrario, les han dado las gracias por «estar ahí en ese momento», confiesa la presidenta de los Rescatadores Juan Pablo II, quien también asevera que «nunca» han tenido una sola denuncia.

Por último, Álvaro Ortega recuerda que el Gobierno utiliza el aborto como «una cortina de humo». En primer lugar, como distracción ante escándalos, casos de corrupción o problemas judiciales en los que se encuentra. Por otra parte, ha convertido el aborto en una bandera ideológica, cuando la vida humana no es «una cuestión ideológica, sino un sujeto de derechos humanos», ya que se habla de dos personas que requieren «protección, ayuda y sensibilidad» por parte de las administraciones públicas y de la sociedad.