Gobernanza frágil en Perú: vacancias, desafección y nueve presidentes en diez años

Perú ha vuelto a nombrar a un presidente interino, José María Balcázar, el enésimo en una secuencia que ya roza lo insólito, y que deberá conducir el país hasta las elecciones generales previstas para abril. En menos de una década, la nación andina ha tenido nueve jefes de Estado, un rosario de gobernantes de diferente signo político, en su mayoría censurados por el Legislativo, y que no pudieron concluir su mandato.

Ollanta Humala (2011‑2016) finalizó su mandato; Pedro Pablo Kuczynski (2016‑2018) renunció por presiones y el caso Odebrecht; Martín Vizcarra (2018‑2020) vacado por corrupción; Manuel Merino (noviembre 2020) dimitió tras protestas; Francisco Sagasti (2020‑2021), presidente de transición; Pedro Castillo (2021‑2022) vacado tras intento de autogolpe; Dina Boluarte (2022‑2025), destituida tras duras represiones durante una crisis social; José Jerí (2025‑2026), censurado y removido por el Congreso por supuesto tráfico de influencias, y finalmente el último presidente interino actual (2026), que estará en funciones hasta las elecciones de abril.

Esta rotación acelerada responde a la aplicación recurrente de la vacancia presidencial, un mecanismo constitucional que nació como una figura excepcional y que se ha convertido, según coinciden varios analistas, en una herramienta habitual de competencia política para derribar al adversario.

La vacancia permite al Congreso destituir al presidente por «incapacidad moral permanente» con una mayoría calificada. La ambigüedad del término ha abierto la puerta a interpretaciones expansivas. Desde 2016, su uso –junto con la cuestión de confianza y otras figuras de control– ha alterado el equilibrio entre poderes en un sistema formalmente presidencialista.

Para Iván Ormachea, abogado peruano, docente universitario y presidente de ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, lo que ocurre hoy «no es un episodio o anomalía puntual», sino «parte de la grave crisis política y de representación que vive el país». Sitúa el punto de inflexión en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la Presidencia pero el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso. Aquella asimetría derivó en una sonada confrontación abierta y en la utilización de la vacancia como arma política.

El reconocido politólogo y docente Juan De la Puente va más allá y habla de un «constitucionalismo de vértigo». Entre 2016 y 2026, sostiene, Perú ha vivido un «activismo constitucional extraordinario, pero peligroso», en el que mecanismos excepcionales se transformaron en «armas arrojadizas». Desde Lima, resume para El Debate esta anomalía institucional con una frase lapidaria: «En el Perú es más fácil destituir a un presidente que sacar a un ministro». Y es que, con dos tercios del Parlamento, la salida del jefe del Estado puede resolverse en cuestión de días.

Ese desplazamiento del centro de gravedad político es clave para entender la coyuntura. De la Puente describe un «parlamentarismo de facto en un país presidencialista», donde el Congreso concentra la capacidad de decisión y condiciona la supervivencia del Ejecutivo. La figura presidencial se ha vuelto estructuralmente precaria.

Por su parte, el exdefensor adjunto para conflictos sociales Rolando Luque coincide en que el deterioro institucional se remonta a 2016 y se profundiza con cada relevo. «Es una más de las expresiones de un deterioro de la institucionalidad democrática», afirma sobre la destitución más reciente. Tras la caída de Pedro Castillo en 2022 –quien intentó un autogolpe televisado–, la llegada de Dina Boluarte estuvo marcada por una represión que dejó 67 muertos y más de mil heridos. Aun así, el Gobierno sobrevivió gracias a una coalición parlamentaria que lo sostuvo pese a niveles mínimos de aprobación.

El último episodio es el que envolvió a su sucesor José Jerí, quien asumió como presidente interino en su condición de titular del Congreso y fue apartado tras una censura parlamentaria. Su breve paso por el poder estuvo rodeado de polémicas, incluido el llamado «Chifa Gate», por una reunión nocturna con personajes cuestionados en un restaurante de comida chino-peruana, además de denuncias sobre su entorno y antecedentes controvertidos. Para Luque, terminó convirtiéndose en «un costo muy grande» para los partidos que lo respaldaban en vísperas de elecciones.

Mala política, buena economía

La inestabilidad política, sin embargo, no ha derivado en un colapso económico. De la Puente habla de la «teoría de las cuerdas separadas»: la idea de que es posible convivir con «mala política y buena economía». Durante años, esa desconexión funcionó. Aunque en 2023 el país sufrió una recesión, la economía volvió a crecer en torno al 3,5 % en 2024 y 3,4 % el año pasado, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La estabilidad de la moneda y la fortaleza del Banco Central –con amplias reservas internacionales– han sido pilares de esa resiliencia.

Luque lo formula con claridad: «Lo que sostiene finalmente al Perú en estas circunstancias, lo que ha evitado un desmoronamiento total, es que la economía resiste». El auge de los minerales –cobre, oro, plata– y la demanda internacional han apuntalado las cuentas públicas. Las agencias de calificación han rebajado la nota soberana en los últimos años, pero nada que desencadene una crisis sistémica. Para algunos inversores, la inestabilidad se ha vuelto previsible. Como apunta Luque, es casi una «forma de vida de existir en la inestabilidad».

Lo que sostiene finalmente al Perú en estas circunstancias, lo que ha evitado un desmoronamiento total, es que la economía resisteRolando LuqueExdefensor adjunto para conflictos sociales

Pero esa resistencia macroeconómica convive con fragilidades profundas. Perú tiene alrededor de nueve millones de personas en situación de pobreza y otros diez millones en vulnerabilidad, según cifras oficiales. La informalidad laboral ronda el 70 %-80 %, lo que genera una economía dinámica pero precaria. El crecimiento no siempre se traduce en cohesión social.

En el plano político, la desafección es palpable. De la Puente habla de «un país antielectoral» que observa con escepticismo el proceso, frente a un «país electoral» que compite en campaña. La cifra de 36 candidatos presidenciales que concurren en estas elecciones ilustra la fragmentación. Para Luque, «la gente en las calles mira con cierta distancia y con mucha desconfianza el próximo proceso electoral», no tanto por dudas sobre la autoridad electoral como por una desconfianza más profunda hacia la política misma. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es para qué sirve el voto si el presidente puede durar poco tiempo.

A ello se suma un dato simbólico pero reflejo de la inestabilidad política e institucional: Perú es uno de los países con más expresidentes procesados o encarcelados por corrupción en la región. Cuatro de ellos se encuentran tras las rejas. Para algunos, es prueba de que el sistema judicial funciona; para otros, evidencia de un deterioro crónico de la clase dirigente, lo que refuerza la desafección.

Perú es uno de los países con más expresidentes procesados o encarcelados por corrupción en la región

Pese al flotador macroeconómico, la fragilidad institucional y política persiste mientras que la ciudadanía oscila entre la resignación y el hartazgo. La vacancia, concebida como salvaguarda constitucional, ha pasado a ser parte del repertorio habitual de la política peruana. En palabras de los analistas, la excepción se convirtió en regla.

Cuando los peruanos acudan a las urnas en abril, lo harán tras una década de sobresaltos a los que tristemente están más que acostumbrados. La incógnita no es solo quién ganará, sino si el próximo presidente logrará romper el ciclo o si, como temen muchos, la inestabilidad seguirá siendo el telón de fondo permanente de la vida pública en el país andino.