Perú recurre a drones y tecnología en un intento desesperado por vencer la delincuencia y el crimen organizado

Nadie se siente seguro en Perú. Los taxistas conducen con miedo y con más angustia dejan sus vehículos en la calle. Las mafias del crimen circulan por Lima y el Callao (distrito vecino) cobrando «peajes» para garantizar que nadie va a robar o desguazar sus coches. Lo mismo sucede en comercios, viviendas y empresas. La ley es la ley del más fuerte no la de los agentes de seguridad.

La situación resulta tan alarmante, y evidente el terror del día a día de la población, que el Gobierno de transición de Perú ha decidido incorporar drones, imágenes por satélite y de reconocimiento facial, así como a cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para combatir el crimen.

El estado de emergencia en la capital del país y el Callao no ha servido para terminar con la violencia y los chantajes de criminales nacionales, y de otros importados que extienden sus redes por todo el país.

Ecuador está presente con Los Tiguerones y Los Lobos, Venezuela con el Tren de Aragua, Brasil, directa o indirectamente, con PCC –Primeiro Comando da Capital– y Comando Vermelho y con redes similares carteles de México y Colombia, como denuncian las autoridades.

El acoso es por igual a poblaciones de pocos recursos como a aquellas que viven en barrios acomodados. La diferencia es que estos se pueden permitir servicios de seguridad privada, aunque no les garantiza evitar ser asaltados en la calle.

Los coches de noche, como en los peores años del terrorismo de Sendero Luminoso, no respetan los semáforos para evitar ser víctimas de estas bandas que han encontrado, fundamentalmente, en Lima y el Callao territorio propicio para su «operaciones».

Un sondeo de la firma Ipsos para el diario Perú21 destaca que la delincuencia y la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de los limeños.

El presidente José Jerí se encuentra en una situación difícil. Por un lado, está bajo sospecha por sus vínculos con el empresario chino en prisión domiciliaria, Ji Wu Xiaodong, presunto líder de «Los hostiles de la Amazonía», una banda acusada de tráfico ilegal de madera, cohecho, corrupción agravada y tráfico de influencias.

Por otro, el sucesor de Dina Boluarte ha tomado conciencia de que la inseguridad ciudadana ha cruzado todos los límites tolerables y trata de corregirla con un decreto supremo de urgencia que «optimiza» el estado de emergencia en la capital peruana.

En ese decreto ordena mayores restricciones en las cárceles, además de ofrecer incentivos y reconocimientos económicos para los miembros de las fuerzas de seguridad «que destaquen por acciones determinantes» en la lucha contra la criminalidad.

La norma, recogida por Efe, «refuerza la estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado», por lo que también se aplicará paulatinamente en otras ciudades y localidades del país en las que también se tenga que combatir el incremento de la delincuencia.

Jerí declaró: «Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario».

El decreto crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que será presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y conducirá las acciones de seguridad destinadas a restablecer el orden interno, reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Además, pone en funcionamiento un sistema unificado de datos que concentrará información proveniente de comisarías, gobiernos locales y organismos del Estado para permitir que el CCO «intensifique objetivos y metas en las zonas intervenidas».

El decreto también autoriza la participación de cadetes del último año de las escuelas de oficiales y suboficiales de la PNP en labores operativas y administrativas dentro de las comisarías, bajo supervisión de sus superiores.

Asimismo, indica que los cadetes de las Fuerzas Armadas realizarán marchas de campaña e instrucción en zonas determinadas por el CCO «con fines de entrenamiento, presencia disuasiva y apoyo a actividades cívico-militares».

La norma establece medidas estrictas de control en las cárceles, donde los presos compran, venden y disponen de todos los recursos que hay más allá de las rejas.

Entre otras, destacan la restricción de visitas, el desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas, –algo común hasta en cárceles de máxima seguridad–, apagones eléctricos en celdas, sin afectar la iluminación, y requisas constantes, así como el traslado inmediato de internos peligrosos y la rotación del personal penitenciario, con escasos ingresos y permeable a sobornos.

Por último, autoriza la ejecución de operativos de control en inmuebles y en la vía pública, que la oficina de Migraciones verifique y expulse a los extranjeros que infrinjan la normativa nacional y que el sistema de recompensas impulse la captura de personas con órdenes de busca y captura a extorsionadores y sicarios. Todo, con un objetivo: que los peruanos y en especial en Lima y el Callao, puedan volver a vivir tranquilos.